La convención de Viena, el juego de la gallina y la arcadia feliz.

Recientemente, Xavier Sala-i-Martin ha subido una entrada en su blog. En ella se presentan toda una serie de puntos de lo que no funciona en la Catalunya perteneciente a España. El artículo ofrece argumentos sobre las posibilidades que ofrece la independencia de Catalunya. Sin embargo, se pueden comentar algunas cosas del siguiente párrafo:

¿Asumiremos la Deuda Española?

Fijaos en que he dicho “decidiéramos” heredar. Enfatizo la palabra “decidiéramos” porque esta será una decisión nuestra y no una imposición de España. Hemos visto que la deuda española es española y lo tendrán que pagar los españoles. El artículo 38.1 de la convención de Viena dice: “Ninguna deuda de estado del Estado predecesor pasará en el Estado de reciente independencia”. Por lo tanto, de entrada no tendremos que pagar nada. Ahora bien, sí que es cierto que una vez se vea que Catalunya se marcha, empezará un proceso de negociación entre España, Catalunya y la Unión Europea en el qué el objetivo de todos será que los daños sean los más pequeños posible. Eso nos llevará a nosotros a aceptar una parte de la deuda española (si no, España será insolvente y eso será un grave problema para toda la UE, incluida Catalunya) que puede oscilar entre el 11% y el 18,4%. A cambio, los españoles se tendrán que comprometer a no boicotear la permanencia de Catalunya en la UE y en la Eurozona, una permanencia que conviene en España –que para exportar a Europa tiene que pasar por Catalunya-, en la UE –y sobre todo sus multinacionales instaladas en Catalunya- y, naturalmente, también nos conviene a los catalanes. Durante proceso de negociación los catalanes tenemos que estar dispuestos a asumir entre el 11% y el 18,4% de la deuda española, sabiendo que en cualquier caso será perfectamente asumible para el nuevo gobierno catalán. Los números que presento en el libro “La Hora del Adiós?” muestran que la Generalitat tendría superávit incluso en caso de que acabara asumiendo el 18,4% de la deuda española.

arcadia

I.

Sucede que, en la Convención de Viena de 1983:

Article 3
Cases of succession of States covered by the present Convention

The present Convention applies only to the effects of a succession of States occurring in conformity with international law and, in particular, with the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.

 

Voilà.  Al menos hasta día de hoy, el derecho internacional no recoge el derecho de secesión de Catalunya. Esto es una valoración descriptiva, no valorativa. Simplemente, es así. El mismo secretario general de la ONU del momento, Ban Ki-Moon, se pronunció en 2015.

Pero veámos qué dice el artículo 38.1 que cita el profesor:

Article 38
Newly independent State

1.When the successor State is a newly independent State, no State debt of the predecessor State shall pass to the newly independent State, unless an agreement between them provides otherwise in view of the link between the State debt of the predecessor State connected with its activity in the territory to which the succession of States relates and the property, rights and interests which pass to the newly independent State.

Efectivamente, a no ser que se llegue a un acuerdo en relación a la deuda contraída por la actividad llevada a cabo en el territorio, la deuda del Estado predecesor no pasa al Estado sucesor en el momento 0 después de la independencia. Pero, fijémonos, qué dice el artículo 37:

Article 37
Transfer of part of the territory of a State

1.When part of the territory of a State is transferred by that State to another State, the passing of the State debt of the predecessor State to the successor State is to be settled by agreement between them.

2.In the absence of such an agreement, the State debt of the predecessor State shall pass to the successor State in an equitable proportion, taking into account, in particular, the property, rights and interests which pass to the successor State in relation to that State debt.

XSiM utiliza el artículo 38 para dejar caer que una vez Catalunya sea independiente no tendrá ninguna obligación con España. Y que solo tras el proceso de negociación, y solo porque los catalanes así lo hemos decidido, Catalunya aceptará magnánimamente parte de la deuda española a cambio de entrar en la UE. No soy experto en el tema, pero mi lectura del convenio de Viena de 1983 no me lleva a las conclusiones del Sr XSiM.

No parece ser así. Si algún día el derecho internacional reconoce el derecho de secesión de Catalunya y si ésta se produce (que es otro tema), se abrirá un proceso de negociación entre las partes, y a falta de acuerdo, la deuda tendrá que ser repartida de forma equitativa.

Que en el momento cero después de la secesión el Estado sucesor no contraiga la deuda del Estado predecesor (probablemente debido a que en este punto comienza el período de negociación)  no significa que el Estado sucesor no tenga obligaciones para con el Estado predecesor.

En caso de que el derecho internacional reconozca a Catalunya como Estado independiente y si la secesión tiene finalmente lugar: a falta de acuerdo, y siguiendo el convenio de Viena, España estaría obligada a transmitir su deuda a Catalunya de forma equitativa. Con acuerdo, entiendo que se pueden dar diferentes escenarios.

 

Article 40
Separation of part or parts of the territory of a State

1.When part or parts of the territory of a State separate from that State and form a State, and unless the predecessor State and the successor State otherwise agree, the State debt of the predecessor State shall pass to the successor State in an equitable proportion, taking into account, in particular, the property, rights and interests which pass to the successor State in relation to that State debt. 

II.

En este punto trataré aspectos relacionados con el proceso de negociación. Mi objetivo aquí no es hacer ninguna predicción ni ningún análisis exhaustivo del tema. Pero la realidad es cambiante, y por ello requiere diversidad de razonamientos y supuestos para ser capaces de explicar diferentes resultados en distintos contextos.

El argumento de XSiM por el cual una Catalunya independiente formará parte de la UE porque a todas las partes les conviene no me parece nada obvio. Otras lógicas son posibles.

Primero, porque no está claro qué le conviene a cada parte. Es verdad que la incertidumbre económica tiene costes. Pero, ¿Le conviene a España o a la UE permitir que partes de su territorio puedan amenazar con largarse si no se cumplen las condiciones expuestas por los poderes locales? ¿O les conviene mostrar firmeza?

Segundo, porque los agentes no siempre hacen lo que les conviene.

Escenarios:

Nota I: con “conforme a la legalidad” quiero decir que España modifica la constitución actual por una que permita que los catalanes decidan si quieren ser independientes o no. Y que el resultado de un hipotético referendum legal es sí.

Nota II: asumo que tanto el derecho como la comunidad internacional mantienen la postura actual. Es decir, asumo que internacionalmente se respeta el ordenamiento jurídico español.

  • La secesión tiene lugar conforme a la legalidad española.

En éste escenario es razonable que el gobierno catalán intente negociar la entrada del nuevo Estado en la UE. Puede que España y Catalunya lleguen a un acuerdo inmediato o puede que el proceso se dilate en el tiempo indefinidamente generando incertidumbre económica. Ahora bien, Catalunya no podrá utilizar el argumento de la deuda indefinidamente. Según la convención de Viena (en este caso sí creo que aplicaría porque Catalunya sí sería un Estado reconocido por el derecho internacional) en caso de que no existiera acuerdo, eventualmente, se tendría que repartir la deuda de forma equitativa. Es verdad que la incertidumbre económica puede generar daños económicos, pero no creo que un Estado recién independizado pueda simplemente repudiar la deuda correspondiente a la actividad generada por el Estado predecesor. Entiendo que los mercados también castigarían a Catalunya por repudiar la deuda contraída sobre su territorio. Más aún si la comunidad internacional o la UE reconoce que parte de esa deuda tendrá que ser asumida por el Estado sucesor.

  • La secesión no tiene lugar conforme a la legalidad española.

Éste escenario, bajo mi punto de vista, es altamente improbable. Primero porque el gobierno de Catalunya no tiene el poder de facto para apoderarse de las instituciones. Segundo, porque las condiciones en las que se pretende celebrar el 1O (aunque no creo que se celebre) no dotarían de legitimidad al nuevo gobierno. Lo que sí podría suceder en este escenario es una escalada de tensión en Catalunya. Y es que está situación cada vez se parece más a lo que en teoría de juegos se conoce como chicken game ninguna parte está dispuesta a ceder.

III.

Probablemente, la posición del derecho internacional tenga una influencia importante en el desenlace del conflicto. Quizás no determinante, pero sí importante. De ahí la expresión de “internacionalitzar el procès”. De ahí que cada acción que lleva a cabo la guardia civil para tratar de parar una secesión unilateral y sin garantías se venda como una violación de derechos civiles.

Bajo mi punto de vista, esto es solo una opinión, el derecho internacional seguirá como está. Actualmente, los teóricos del derecho internacional no defienden el derecho universal a la secesión. Si bien las teorías plebiscitarias, adscriptivas y de la causa justa intentan proveer argumentos a favor de la secesión todas ellas presentan problemas importantes que podéis leer en el enlace.

Tampoco es obvio determinar cuando o partir de qué umbral o nivel de violación de derechos civiles es legítima la secesión. Pero, no cabe duda de que Catalunya se haya muy lejos de ese umbral. Y al final, el derecho a la secesión unilateral no deja de ser similar, aunque quizás no idéntico, al derecho a la revolución.

Para que cualquiera de las tres teorías enunciadas anteriormente (y todavía hay debate sobre si una u otra es más o menos válida) sea aplicable al caso de Catalunya debería existir: o bien una mayoría reforzada de gente a favor de la independencia, o bien una nación absolutamente oprimida o bien una violación importante de los derechos básicos de los ciudadanos que viven en el territorio. Decir que en Catalunya se da cualquiera de estos tres puntos es, realmente, delirante. Pero es la única forma de que “el procès” adquiera apoyo internacional.

Por último, un vídeo sobre Edmund Burke:

En muchas situaciones, las personas manejamos nociones diferentes sobre lo que es o no es justo. Es totalmente entendible teniendo en cuenta que hay temas en los que la respuesta no es obvia. El Estado de Derecho, precisamente, es una institución que trata de proveer soluciones a casos en los que los ciudadanos tenemos visiones contrapuestos sobre un mismo tema. Éstas soluciones son imperfectas pero su objetivo es tratar de proporcionar estabilidad. Y aunque el exceso de estabilidad puede ser perjudicial, no queremos vivir en un equilibrio de todos contra todos y para ciertas cosas preferimos que la ley se anteponga a las disputas morales. Si el conocimiento ético, whatever the fuck that is, nos fuese accesible a todos en cada momento (que no) y si estuviéramos comprometidos con él (que tampoco) quizás podríamos solventar los problemas de acción colectiva y la ley ya no haría falta. Pero pensar que tal día llegará es una arcadia feliz.

 

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Instituciones, fragmentación política y crecimiento económico

El objetivo de la presente entrada es doble. Por un lado, presentar las principales teorías sobre la secesión. Y, por otro lado, analizar cuáles son las consecuencias de la descentralización.

Para tratar el primer punto utilizaré un documento de la Stanford Encyclopedia of Philosophy titulado: Secession.

1 Philosophical issues of Secession

1.1 The distinction between (mere) justification and having a claim-right

Sometimes it is not clear whether a theorist is advancing a theory of the conditions under which secession is morally justified, that is, the conditions under which a group has a moral liberty-right or mere moral permission to secede, or a theory of the conditions under which a group has the claim-right to secede. Talk about “the right to secede” is ambiguous between these alternatives. A claim-right includes not only a liberty-right or mere permission (i.e., that a group is justified in seceding in the sense that if they do so they do not thereby act impermissibly), but also a correlative obligation on the part of others not to interfere with the attempted secession.

Having the liberty-right does not imply having the claim-right: A group might be morally justified in seceding and yet it might not be the case that others (including the state from which the group is seceding) are obligated to refrain from interfering with the group’s attempt to secede.

2. Theories of the Right to Secede

In the philosophical literature a distinction is drawn between two theories of the right to secede (understood as a unilateral claim-right): Remedial Right Only Theories and Primary Right Theories.[5] Remedial Right Only Theories analogize the right to secede to the right to revolution, understanding it as a right that a group comes to have only as a result of violations of other rights. On this view secession is justified only as a remedy of last resort for persistent and serious injustices. The right to unilateral secession thus understood is not primary, but rather derivative upon the violation of other, more basic rights; hence the label ‘remedial right only’.

Primary Right Theories are of two types: Ascriptivist (predominantly nationalist) Theories and Plebiscitary (or majoritarian) Theories. The former hold that certain groups whose memberships are defined by what are sometimes called ascriptive characteristics, simply by virtue of being those sorts of groups, have a unilateral (claim-)right to secede. Ascriptive characteristics are those that are ascribed to individuals independently of their choice and include being of the same nation or being a “distinct people”. The most common form of Ascriptivist theory holds that nations as such have a right of self-determination that includes the right to secede in order to have their own state.

Plebiscitary Theories in contrast hold that a unilateral moral claim-right to secede exists if a majority residing in a portion of the state chooses to have their own state there, regardless of whether or not they have any common characteristics, ascriptive or otherwise, other than the desire for independence. They need not be co-nationals or members of a distinct society.

What the two types of Primary Right Theories have in common is that they do not require injustice as a necessary condition for the existence of a unilateral (claim-)right to secede. They are Primary Right Theories because they do not make the unilateral (claim-)right to secede derivative upon the violation of other, more basic rights, as the Remedial Right Only Theories do.

Es decir, tenemos:

Remedial Right Only Theories: condicionan la existencia del derecho de secesión unilateral (claim-right) a la violación de otros derechos más básicos.

Primary Right Theories

  • Ascriptivist (predominantly nationalist) Theories.
  • Plebiscitary (or majoritarian) Theories.

2.1 The Right to secede as a right to territory.

As Lea Brilmayer has rightly stressed, secession is not simply the formation of a new political association among individuals or the repudiation by a group of persons of their obligation to obey the state’s laws (Brilmayer 1991). It is the taking of a part of the territory claimed by an existing state. Accordingly, rival theories of secession must be understood as providing alternative accounts of what it takes for a group to come to have a claim to territory that is at the time included in the territory of an existing state. We discover below that the most serious objections to the two varieties of Primary Right Theories question the cogency of their accounts of exactly what it is that gives a group within this state a claim to a portion of the territory claimed by the state. In contrast, the Remedial Right Only approach appears to provide a more cogent account of the secessionists’ claim to territory.

Esto es algo que creo que mucha gente no acaba de entender. Cuando debatimos sobre el derecho de secesión, no hablamos meramente del derecho a conformar una comunidad política, debatimos sobre por qué un grupo puede apropiarse un territorio de un Estado existente y erigirse legítimo.

Remedial Right Only: las ventajas que tienen estas teorías es que  anuncian implícitamente las condiciones necesarias para que un grupo se proclame legítimo en un territorio perteneciente a un Estado (la violación de derechos básicos). Las desventajas son que no permiten la secesión de grupos por mero anhelo de auto-determinación. De todas formas alguien que defendiera esta teoría respondería que el derecho a la auto-determinación y el derecho a la secesión unilateral no son lo mismo. Y que esta teoría no es incompatible con permitir formas de auto-gobierno para ciertas minorías dentro del Estado pero ello no confiere un derecho de secesión unilateral.

2.2 Remedial Right Only Theories

Given the tendency for unilateral secession to provoke massive violence, the obvious strength of the Remedial Right Only approach is that it places a significant constraint on unilateral secession—namely, the requirement of a serious and persistent grievance of injustice suffered by the secessionists. To that extent, it captures the intuition that nonconsensual state-breaking, like revolution, is a grave affair requiring a weighty justification. More specifically, this view provides a plausible explanation of how the state can come to lose its entitlement to the territory: it does so by failing to do what gives states a moral claim to control territory in the first place, namely, providing justice for those within its jurisdiction.

Another strength of the Remedial Right Only approach is that it appears to provide the right incentives: States that are just (or at least do not persist in very serious injustices) are immune to legally permitted unilateral secession and entitled to international support in maintaining their territorial integrity. On the other hand, if, as the theory recommends, a unilateral right to secede as a remedy for serious and persistent injustices is acknowledged, this will give states an incentive to act more justly.

Some critics have complained that the Remedial Right Only approach to unilateral secession is disturbingly irrelevant to the concerns of many groups seeking self-determination.

Thus the Remedial Right Only approach to unilateral secession is compatible with a fairly permissive stance toward intrastate autonomy, including various forms of self-government for national minorities within the state.

Moreover, the Remedial Right Only approach need not reject claims to independence on the part of nations; it only rejects the much stronger assertion that nations as such have a unilateral right to secede. In many cases the groups that suffer persistent grave injustices are in fact nations, and therefore would be accorded the right to secede by the Remedial Right Only Theory. To that extent it is inaccurate to say that this type of theory ignores the realities of national self-determination movements.

What the Remedial Right Only approach does not do is concede that nations as such—independently of any persisting pattern of grave injustices—have a unilateral right to secede. But it can be argued that this is a virtue of the account, not a defect. It thereby avoids the objection to which Ascriptivist Theories are vulnerable, namely, that they endorse a unilateral right to secede for all nations in a world in which virtually every state contains more than one nation and in which nations are not neatly sorted into discrete regions of the state’s territory, but instead claim the same territories.

Plebiscitary Theories: entre sus ventajas encontramos que no tienen necesidad de definir el concepto de nación y el proviso de la viabilidad del Estado. Lo paradójico de esta teoría es que la regla democrática no nos dice nada de cuáles son los límites del territorio estatal porque para aplicar la regla democrática es necesario que el territorio del Estado esté previamente definido. Es decir, si un grupo unilateralmente aplica la regla democrática para decidir los límites territoriales de un nuevo Estado, se está rompiendo la igualdad ante la ley que caracteriza a la democracia del Estado del que se quieren escindir.

Algunos libertarios argumentan que sí existe una razón para romper la igualdad ante la ley basándose en un tipo de teoría plebiscitaria. Según ésta teoría la proximidad física te confiere mayor poder de decisión sobre una determinada localización. Así, un Sevillano no debe tener el mismo poder de decisión sobre Barcelona que un Barcelonés. Las implicaciones últimas de ésta teoría es la sociedad de propietarios. Las calles de Catalunya formarían parte de la propiedad de los catalanes, pero como por pura proximidad física Barcelona es más de los barceloneses que del resto de catalanes, los primeros podrían excluir al resto de catalanes. Esta idea es un disparate por varios motivos:

  1. Es necesario explicar por qué el simple hecho de que un grupo de personas viva en un lugar y en un momento en particular les confiere un derecho de propiedad sobre los activos comunales más cercanos.
  2. Es necesario explicar por qué el simple hecho de que un grupo de personas viva en un lugar y en un momento en particular les confiere la capacidad de excluir a todos aquellos que se encuentren fuera del territorio donde se piensa aplicar la regla democrática en base a un hipotético derecho de propiedad comunal.
  3. Es necesario explicar de qué grupo hablamos. Los habitantes de una ciudad no se perpetúan en el tiempo. Si yo mañana me mudo a Sevilla en base a qué tengo derecho a impedir que el resto de andaluces o de pueblos cercanos vayan a Sevilla.
  4. Es necesario explicar la definición del territorio en el que se aplicaría la regla democrática.
  5. En base a qué podemos pensar que la secesión unilateral en base al mero reclamo de la los activos comunales de un grupo imperfectamente definido, situados en un territorio arbitrariamente definido podrá cumplir con el proviso de viabilidad del Estado y proteger los derechos civiles y económicos de sus ciudadanos. Cuidado, uno puede defender un derecho unilateral de secesión condicionado a la violación de derechos básicos (no entraré a definir la magnitud). Pero eso no es suficiente para justificar un derecho unilateral universal de secesión sustentado en un hipotético derecho de propiedad comunal. Tampoco es suficiente para explicar por qué las comunidades resultantes respetarán los derechos de los ciudadanos. Unilateral significa que ni el Estado repudiado ni la comunidad internacional tiene manera de influir en el proceso de secesión, ni para garantizar los derechos de los ciudadanos ni para conculcarlos. Es por ello que la secesión unilateral tiene más sentido en Estados que pierden su legitimidad por dejar de velar por los derechos de sus ciudadanos. Es decir, por dejar de cumplir las funciones por las que fue creado en primer lugar. En estas circunstancias tiene sentido una secesión unilateral debido a que el Estado ilegítimo ya no podrá seguir conculcando los derechos de los ciudadanos. Pero ex ante no hay motivos para pensar que la secesión unilateral basada en la hipotética propiedad comunal de un territorio será eficaz a la hora de proteger los derechos de sus ciudadanos sin la injerencia externa de otro Estado que sí vela por los derechos de sus ciudadanos y que sí tiene capacidad para procurar proteger los derechos de los ciudadanos del nuevo Estado, aunque no siempre tenga por qué ser así.
  6. Aunque no lo parezca, los Barceloneses ya tenemos más poder de decisión sobre Barcelona y sobre sus activos comunales que el resto de catalanes. De la misma forma que los catalanes tienen más poder de decisión sobre los activos comunales  de Catalunya que el resto de españoles. Para eso están las elecciones municipales y autonómicas. No cabe duda de que los grupos que hacen uso de activos comunales de forma recurrente requieren cierta forma de auto-gobierno para gestionar esos activos. Pero eso no justifica un derecho unilateral (quasi-universal) para apropiarse de un territorio y de todos sus activos.
  7. ¿Qué evidencia hay de que el grado de descentralización (¿Ciudades-Estado?) que sugieren los defensores de ésta teoría es funcional? (Más adelante me dedico a hacer un análisis de los puntos fuertes y flacos de la fragmentación política).

2.3 Plebiscitary theories

The appeal of Plebiscitary Theories is that they appear to make the determination of boundaries a matter of choice or, more accurately, of majority rule. To that extent they seek to bask in the popularity of democracy (Philpott 1995). Plebiscitary Theories typically add another necessary condition, beyond majority preference (in the region in question) for secession: Both the seceding unit and the remainder state must be able adequately to perform the basic functions that justify or legitimize states in the first place. Call this the State Viability Requirement.

The appeal of Plebiscitary Theories is two-fold. First, they avoid a problem that afflicts the other main type of Primary Right Theory, Ascriptivist Theories, because they do not require either an account of what constitutes a nation or an explanation of why nations have a right to their own state. Second, they are less conservative than Remedial Right Only Theories, allowing a democratic path to the redrawing of state boundaries, and this may be appealing, given the fact, as noted earlier, that existing boundaries may reflect national security needs and the need for large internal markets—considerations that are no longer as important in an era in which interstate wars are quite rare and markets extend across state borders.

However, given what is at stake in secession, it is far from clear that the mere fact that a majority of persons residing in a portion of a state desire independence should be a sufficient reason to give them a unilateral right to secede, in the absence of any grievances. Why should one assume that the mere fact of residence in an area authorizes persons to decide by majority vote not only to change their own ci

The first justification for democracy tells us that all who are members of a particular polity—all who must live under one system of rules that determine the fundamental character of social life—should have an equal say or should participate as equals in deciding what those rules are to be. But the principle of democratic rule cannot tell us what the boundaries of the polity should be, because in order to implement the democratic rule we must already have fixed the boundaries of the polity. The right to democratic governance is a principle that specifies a relation of equality among members of the same polity, not a right to determine the membership of polities or their territorial boundaries.

There is one more problem that proponents of the Plebiscitary approach have not addressed, at least not explicitly. A successful secession can create security risks for the remainder state, and it is not clear that this eventually is adequately taken into account in the Plebiscitary Theory’s State Viability Proviso.

Me salto el punto 2.4 en el que se tratan las ascriptivist theories porque tienen muchos problemas

El siguiente punto:

2.5 Situating theories of Secession within theories of Territorial Justice.

A theory of territorial justice would provide a coherent account of valid moral claims to territory of various types, from claims to full sovereign jurisdiction, to claims to the more limited jurisdictional control needed for various forms of intrastate autonomy (modes of self-determination short of full independence), to claims to participation in various forms of joint jurisdiction, to claims to permanent occupancy. Ascriptivist theories need such a theory in order to explain why nations (as opposed to other types of groups) have the most robust claim to territory, the jurisdiction over territory that constitutes sovereignty. Plebiscitary Theories, as we have already seen, need such a theory to explain why the fact that a group is a majority in a particular territory gives it a claim to sovereignty over that territory—and why the fact that those residing in the same territory who do not support secession have no special claim to that territory, not even one that falls short of the claim the majority has. Remedial Right Only Theories need an account of what forms of control over territory, short of full sovereignty, are appropriate for which groups, given the nature of the injustices they have suffered at the hands of the state. 

Es necesario tener en cuenta la realidad institucional de la que partimos. Terceros países pueden tener interés en intervenir en el proceso de secesión. El establecimiento de una nueva norma en el derecho internacional consuetudinario por la que cualquier grupo puede reclamar la secesión unilateral puede ser peligroso y generar secesiones que no cumplen los requerimientos de las teorías plebiscitarias, como el proviso de viabilidad de Estado. Por lo tanto, terceras partes si pueden estar interesadas en intervenir.

2.6 Narrowly vs Widely Institutional Theories

According to Altman and Wellman, whether a group has the right to secede depends only on its preference for independent statehood and on whether the new state it creates and the remainder state will be able adequately to perform the basic functions of government. On this view, the effects this group seceding or of other parties agreeing that it has the right to secede on future secessionist attempts or on the well-functioning of the international order are completely irrelevant to determining whether this group has the right to secede.

Suppose that a group within a legitimate, reasonably just state, is a majority in a portion of the state’s territory and prefers to have its own state. Whether they have the right to secede depends on whether there are sufficient reasons for other states to refrain from interfering with their attempt at secession (because the right in question is a claim-right). But whether other states ought to refrain from interfering with a secession or not interfere with the state’s attempt to prevent a secession can depend on whether behaving in this way is likely to help establish a new norm of customary international law that permits territorially-concentrated majorities unilaterally to form their own states without interference. In the absence of impartial institutions to determine when the conditions for justified secession according to the Plebiscitary Theory are met, such a new, much more permissive norm of customary international law would be dangerous—it would encourage secessions that do not meet the Plebiscitary Theories own criteria.

it follows that a theory of the moral right to secede must take into account existing institutional realities at all levels. And if that is so, then contrary to what theorists like Altman and Wellman assume, probing our moral intuitions about quite different phenomena in which the institutional context is quite different will not be a reliable guide to understanding the nature of the moral right to secede. For example, analogizing the decision of a minority group to break away and form their own state to the decision of two individuals to marry will not be very illuminating, because the supposed analogy omits any reference to the relevant institutional facts.

También es muy importante distinguir entre el derecho de secesión unilateral y el derecho a ser reconocido como legítimo por el resto de la comunidad internacional. Para ser legítimo el nuevo Estado debería respetar los derechos de sus ciudadanos.

Así, tener derecho a escindirse de un Estado de forma unilateral e intentar formar un Estado propio no puede ser suficiente para ser reconocido por la comunidad internacional. Condicionar la legitimidad del nuevo Estado con el respeto de los derechos de sus ciudadanos premia a los Estados que cumplen con esas condiciones.

4. Secession and the Philosophy of International Law

The difference between these two options can be appreciated if we take the example of a Remedial Right Only approach to proposals for reforming international law regarding secession. For simplicity, suppose that the Remedial Right Only theory under consideration recognizes only large-scale and persistent violations of basic human rights as grounding the unilateral right to secede, and suppose that group G has suffered such violations. On the first view, the proposal is that international law should simply acknowledge that G has the right to its own legitimate state if forming a new state is the remedy of last resort for large-scale, persistent violations of the basic human rights of members of G, where this means that other states should recognize the new entity as having all the rights, privileges, immunities, powers, and obligations this status entails. On the second view, there are two distinct questions the international law of secession should address: First, has G suffered large-scale and persistent violations of basic human rights and second, does G satisfy the conditions for recognitional legitimacy, for being recognized as a legitimate state? The second view would maintain that although the group’s having suffered large-scale and persistent violations of basic human rights is sufficient for acknowledging its right to repudiate the state’s jurisdiction and attempt to set up its own state, something more is required before international law should recognize the new entity as a legitimate state; in particular, the new state should provide credible assurances that it will respect the rights of minorities within its territory.

Making recognition of legitimate statehood dependent in this way upon satisfying basic requirements of justice obviously coheres with the Remedial Right Only theory’s approach to secession, which involves rewarding states that respect rights. But there is much to be said for distinguishing, regardless of which theory of the right to secede is adopted, between the right to secede (understood as the right to repudiate the state’s authority over a portion of its territory and to attempt to set up a new state there) and the right to recognition as a legitimate state. New entities created through secession typically are keen to receive recognition of their legitimacy because of the benefits this confers, including access to favorable trade regimes, loans and credits from international agencies such as the World Bank and International Monetary Fund, and the ability to participate as an equal with other states in the making of international law. Distinguishing between whether a group has the right to secede (to repudiate the state’s jurisdiction and attempt to establish its own state) and whether it has the right to recognition as a legitimate state enables the international legal system to impose normative conditions on recognition in circumstances in which new states have strong incentives to satisfy them.

 

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Legalidad y fragmentación política.

Quisiera compartir una magnífica de Slate Star Codex en la que se expone la relación entre axiología, moral y ley. Después de leerlo, uno se da realmente cuenta de la ceguera intelectual derivada de no saber distinguir entre cada uno de estos conceptos y de ignorar por completo cuando uno debe prevalecer sobre el otro.

Axiology is the study of what’s good. If you want to get all reductive, think of it as comparing the values of world-states. A world-state where everybody is happy seems better than a world-state where everybody is sad.

At least from a rule-utilitarianesque perspective, morality is an attempt to triage the infinite demands of axiology, in order to make them implementable by specific people living in specific communities. It makes assumptions like “people have limited ability to predict the outcome of their actions”, “people are only going to do a certain amount and then get tired”, and “people do better with bright-line rules than with vague gradients of goodness”. It also admits that it’s important that everyone living in a community is on at least kind of the same page morally, both in order to create social pressure to follow the rules, and in order to build the social trust that allows the community to keep functioning. If you defy morality, you still make the world worse. And you feel guilty. And you betray the social trust that lets your community function smoothly. And you get ostracized as a bad person.

Law is an attempt to formalize the complicated demands of morality, in order to make them implementable by a state with police officers and law courts. It makes assumptions like “people’s vague intuitive moral judgments can sometimes give different results on the same case”, “sometimes police officers and legislators are corrupt or wrong”, and “we need to balance the benefits of laws against the cost of enforcing them”. It also tries to avert civil disorder or civil war by assuring everybody that it’s in their best interests to appeal to a fair universal law code rather than try to solve their disagreements directly. If you defy law, you still get all the problems with defying axiology and morality. And you make your country less peaceful and stable. And you go to jail.

In a healthy situation, each of these systems reinforces and promotes the other. Morality helps you implement axiology from your limited human perspective, but also helps prevent you from feeling guilty for not being God and not being able to save everybody. The law helps enforce the most important moral and axiological rules but also leaves people free enough to use their own best judgment on how to pursue the others. And axiology and morality help resolve disputes about what the law should be, and then lend the support of the community, the church, and the individual conscience in keeping people law-abiding.

In these healthy situations, the universally-agreed priority is that law trumps morality, and morality trumps axiology. First, because you can’t keep your obligations to your community from jail, and you can’t work to make the world a better place when you’re a universally-loathed social outcast. But also, because you can’t work to build strong communities and relationships in the middle of a civil war, and you can’t work to make the world a better place from within a low-trust defect-defect equilibrium. But also, because in a just society, axiology wants you to be moral (because morality is just a more-effective implementation of axiology), and morality wants you to be law-abiding (because law is just a more-effective way of coordinating morality). So first you do your legal duty, then your moral duty, and then if you have energy left over, you try to make the world a better place.

In unhealthy situations,

when morality and state law disagree, you get various acts of civil disobedience, from people hiding Jews from the Nazis all the way down to Kentucky clerks refusing to perform gay marriages.

I don’t have any special insight into these. My intuition (most authoritative source! is never wrong!) says that we should be very careful reversing the usual law-trumps-morality-trumps-axiology order, since the whole point of having more than one system is that we expect the systems to disagree and we want to suppress those disagreements in order to solve important implementation and coordination problems. But I also can’t deny that for enough gain, I’d reverse the order in a heartbeat. If someone told me that by breaking a promise to my friend (morality) I could cure all cancer forever (axiology), then f@$k my friend, and f@$k whatever social trust or community cohesion would be lost by the transaction.

Fijémonos en que uno debe tener buenas razones para desobedecer la ley. Desde la axiología es bastante fácil admitir el principio de secesión. Pero cuando uno comienza a explorar temas de implementación y de coordinación la cosa se vuelve más complicada y aparecen toda una serie de cuestiones mucho más interesantes de analizar.

Tal y como se expone en el texto, en la mayoría de situaciones el orden es ley-moralidad-axiología. Para revertir el orden (más aún en las sociedades relativamente libres de hoy en día) uno debe tener buenas razones. Pero es que, durante la historia, la gente ha llegado a no enfrentarse a regímenes totalitarios con tal de no generar males mayores.

Quizás ésta sea la razón por la que la desobediencia civil asociada a movimientos secesionistas es vista con mejores ojos cuando tienen lugar en sociedades totalitarias que en sociedades que proporcionan grandes esferas de libertad. Un ejemplo mencionado  por Tyler Cowen es el de Estonia cuando abandonó la Unión Soviética en 1991, mientras ésta se desmoronaba.

Sin embargo, en el mismo texto señala que otros movimientos secesionistas no reciben las mismas simpatías:

“Sometimes a region wants to leave a country because of differences of ethnicity, religion, language or background culture, as is the case with the Scottish independence movement and the Catalonian secessionists. In those instances, it’s not obvious whether a unified or a newly independent government would result in greater liberty and prosperity. And for all the strong feelings you will find, I am not sure there is an objectively correct moral answer as to whether there should be one nation or two.

We do know, however, that political tensions rise and emotions tend to flare as such secessions approach the realm of possibility. For instance, there is a chance the government of Spain would react aggressively to what it perceives as an unconstitutional Catalonian secessionist attempt. Madrid might institute legal sanctions against Catalonian leaders or, in an extreme case, send in troops. The final result could be no independence and less liberty in all parts of Spain.

The problem is that people are often overly passionate about political boundaries, and an extra dose of irrationality isn’t exactly what the world needs right now.”

Por tanto, el procedimiento para lograr la independencia, en un país con amplias esferas de libertad, debe de pasar preferiblemente por cambiar la ley del país. Por muy difícil que parezca que los ciudadanos permitan la secesión de parte del territorio que conforma su Estado.

Es de esperar que los ciudadanos y políticos del supra-estado se nieguen a promover reformas que permitan la secesión de parte del territorio. Sin embargo, una cosa es afirmar que el cumplimiento de la ley deba prevalecer y la otra pensar que negarse a cambiar el status-quo es correcto. No siempre será éticamente correcto permitir la independencia pero en ocasiones, sí. Sobretodo cuando no se deriven consecuencias negativas a raíz de la separación.

Como hemos visto los argumentos a favor de un derecho de secesión unilateral sin previa violación de los derechos básicos de sus ciudadanos son bastante flojos. Por tanto, en ausencia del motivo expuesto el cumplimiento de la ley debe prevalecer.

Pero aún cuando los ciudadanos del supra-estado se pongan de acuerdo para modificar la ley y permitir la secesión de parte de su territorio, todavía quedan algunos flecos por resolver. Por ejemplo, ¿Por qué deberían permitir la secesión de parte del territorio cuando el territorio que pretende escindirse no va a mantener la misma actitud abierta en aquellas regiones que deseen permanecer en el Estado actual?

En Canadá procuraron dar una solución a esta paradoja con la llamada Clarity Act:

El análisis de esa ley está en este post (aquí) de 2012 que, tal vez desafortunadamente, no ha perdido demasiada actualidad. La misma establece los pasos necesarios para lograr ese objetivo de la secesión, referéndum incluido, y sus condiciones que, muy sintéticamente, podemos reducir a tres. Ninguna de las cuales, por cierto, es cumplida en el proceso que impulsan hoy los secesionistas catalanes, por más que sigan queriéndose apoyar en ese precedente.

-El primer requisito es que el proceso comenzaría con una pregunta clara e indubitada en un referéndum sobre el deseo de secesión (y de ahí el nombre de “Ley de Claridad” como se conoce a la norma). Y que el mismo deba ganarse con unos requisitos especiales de participación, pues no se considera razonable que un cambio tan trascendental y de efectos tan generales sea decidido en definitiva por un sector minoritario de la población, como pretenden los impulsores del referéndum catalán y como ocurrió también con el aprobatorio de la última reforma estatutaria que tantos problemas ocasionó.

-El segundo requisito es que ese referéndum ganado sería un mero comienzo, y no un final del proceso de separación. Allí no pierden de vista que ese camino requeriría complejas negociaciones para resolver de forma amistosa todos los enormemente arduos problemas que una secesión trae consigo. Mucho mayores, por ejemplo, que los que ha de resolver el Reino Unido para salir de la Unión Europea, donde aun así se considera asfixiante el plazo legal de dos años para concluir un acuerdo.

-El tercero es que la cesión no ha de darse necesariamente sobre toda la provincia canadiense en la extensión territorial que hoy tiene. En este requisito quiero insistir hoy, pues en gran parte explica el citado y sorprendente giro de los secesionistas.

Conforme a la citada Ley, y como parte de esa negociación, si existen en la provincia consultada ciudades y territorios en los que la proporción de unionistas sea sustancial y claramente mayoritaria, aquélla, para separarse, debe aceptar desprenderse de ellos para que puedan (por ejemplo, formando para ello una nueva provincia) seguir siendo parte de Canadá. Esto parece que tiene una buena justificación. De la misma manera que Canadá adopta una postura abierta respecto a la potencial salida de territorios con una sustancial mayoría de habitantes que no desean seguir siendo canadienses, la Provincia también debe aceptar desprenderse de porciones de la misma por la razón, en este caso simétrica e idéntica, de que una mayoría sustancial de su población sí desee seguir siendo canadiense.

Ésta opción parece superior a la de simplemente permitir que un territorio entero se independice. ¿Qué problema hay? Pues que en muchos casos, en la medida en la que quepa la posibilidad de que el territorio nacional no se independice por completo, está reforma lograría desactivar el sentimiento nacionalista que movilizaba a los sectores favorables a la secesión. Es por ello que los secesionistas no demandan que se lleve a cabo tal ley.

Las consecuencias de la descentralización.

Por otro lado, encontramos toda una serie de pensadores que han defendido el principio de secesión como una forma de lograr mejores resultados. La idea es que cuantos más estados hayan estos competirán por la vía de la reducción de impuestos, la contención fiscal y la mejor protección de los derechos de propiedad. Sin embargo, como bien apunta Mark Koyama:

That argument rests on a faulty analogy between competition in the marketplace and competition between states.  The main problem it encounters is that while firms can only attract customers by offering lower prices (lower taxes) or better products (better public goods), states can compete with violence. Far from being competitive, low tax states like the Polish-Lithuanian commonwealth were crushed in the high-pressure competitive environment that characterized early modern Europe. The notion that competition produced low taxes is also falsified by the well-established finding that taxes were much higher in early modern Europe than elsewhere in the world.

In general, political fragmentation raised barriers to trade and impeded market integration. Moreover a competitive state system means more conflict or more resources spent deterring conflict. For this reason political fragmentation tends to result in wasteful military spending.

Mark Koyama también escribió lo siguiente sobre capacidad estatal:

The evidence provided by a body of research suggests that prior to 1700 market development was impeded by political fragmentation both within and between states. Critics of the state capacity argument should engage with this literature.

The basic argument is this. Medieval and early modern states were mostly devices for rent-extraction and rent-seeking. But this rent-extraction and rent-seeking was largely decentralized. They collected taxes through a variety of costly and inefficient means (such as selling monopolies). They then spent the tax revenue on costly wars.

Decentralized rent-extraction was costly and inefficient. For example, it is well known that weights and measures varied from place to place in preindustrial Europe. What is less well known is that there were institutional reasons for this, as each local lord wanted to use his own measures in order to extract more surplus from the peasants who were forced to grind their grain using his mill. Local cities similarly used their own systems of weights and measures in order to extract surplus from traveling merchants. This benefited each local lord and city authority but imposed a large deadweight loss on the economy at large.

The logic of internal tariffs was similar. Each local lord or city would choose their internal tariffs in order to maximize their own income. But we know from elementary microeconomics that in this setting each local authority will set these tariffs “too high” because they will not take into account the effect of their tax rate on the tax revenue of their neighbors who also set their tariffs too high.

When early modern European rulers invested in state capacity, they sought to abolish or restrict such internal tariffs, to impose uniform taxes, and to standardize weights and measures. This resulted in a reduction in deadweight loss as when the king set the tax rate he considered the tax revenue he gets from his entire realm, and internalized the negative externality mentioned above.  The reasoning is identical to that which states that a single combined monopolist may be preferable to an up-stream and down-stream monopolist. When it comes to a public bad (like rent-seeking) a monopolist is preferable to competition.

Por lo tanto, existe evidencia de que la fragmentación política puede derivar en mayor captura regulatoria. Cuando el poder se descentraliza cabe la posibilidad de que se vayan perdiendo contrapesos al poder central. ¿Por qué? Pues porque en un Estado centralizado los mismos poderes locales ejercen la función de contrapesos. Pero una vez el poder se descentraliza es probable que los dirigentes se enfrenten a menos barreras políticas.

Es común ver a un único partido ostentar el poder durante años o incluso décadas en ciudades o pequeños países. Pero en países democráticos relativamente grandes, es mucho más difícil observar ésta tendencia. Yo lo atribuiría a dos razones principales (¿A alguien se le ocurre alguna más?). La primera, y creo que la principal, es que las comunidades políticas pequeñas suelen ser menos diversas y tienden a converger hacia una visión semejante del mundo. La segunda tiene que ver con el párrafo anterior. Cabe la posibilidad de que, al enfrentarse a menos contrapesos, los políticos locales tengan más facilidades para dirigir recursos hacia fines electorales, rent-seeking, etc.

Existe la idea de que cuando el poder se encuentra descentralizado, es mucho más fácil para el ciudadano medio fiscalizar al político de turno por pura proximidad física. Puede que así sea. No obstante, me da la impresión de que parte de este argumento queda obsoleto con los avances en las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día, parece mucho más fácil fiscalizar a Donald Trump que al gobernador del Estado de Nebraska, por poner un ejemplo. Sí, si Nebraska fuese independiente Pete Rickets recibiría mayor atención de sus ciudadanos. Aún así, dudo que llegase a una cuarta parte de la presión que recibe el Presidente de los EEUU. Todos conocemos a Merkel y Macron, pero por más que se hable de los países nórdicos estoy seguro de que no soy el único que no tiene ni idea de cómo se llaman sus gobernantes.

Sin embargo, no todo acaba aquí. Gancia, Ponzetto y Ventura:

Why did the first wave of globalisation lead to political concentration and conflict? Why did the second wave of globalisation lead instead to political fragmentation, resolved in a more peaceful way? To answer these questions, in a new paper we develop a model to study the interaction between globalisation and political structure (Gancia et al. 2017). A key premise of our theory is that borders hamper trade and globalisation make borders more costly. We show that political structure adapts to expanding trade opportunities in a non-monotonic way. In early stages, borders are removed by increasing the size of countries. In later stages, the cost of borders is removed by creating economic unions, and this leads to a reduction in the size of countries. Moreover, while the incentive to conquer markets through aggression increases with globalisation, international economic unions remove this incentive, thereby paving the way to the rule of diplomacy.

Since the size of markets grows rapidly while political borders tend to change slowly, it suggests that globalisation is likely to put more pressure on the world’s political structure. Designing political institutions that can optimally adapt may become one of the major challenges faced by modern societies.

Y

At early stages of globalisation, the gains from trade are small and the benefit of creating an economic union does not justify the loss of economies of scope. Thus, a single-level governance structure is optimal. As globalisation proceeds, localities remove borders by increasing the size of countries. The number of countries declines and the mismatch between each locality’s ideal and actual provision of public services grows. Eventually, this mismatch is large enough to justify a move to a two-level governance structure. The world political structure shifts from a few large countries to many small countries within a world economic union. The two-level structure is more expensive, but it is nonetheless desirable because it facilitates trade and improves preference-matching in the provision of public services.

Es decir, en sus fases avanzadas, la globalización disminuye los costes asociados a la secesión de un territorio y permite acomodar las preferencias locales de manera más eficaz. Si hay una ventaja derivada de la fragmentación, ésta parece ser una de las más importantes. Los políticos locales conocen mejor las preferencias de sus ciudadanos y serán más eficaces a la hora de satisfacer sus demandas. Aunque en general pueda ser positivo no perdamos de vista que, en ocasiones, las circunstancias demandan soluciones que nada tienen que ver con la voluntad popular. Hay un argumento que me parece todavía más sólido. Y es que los ciudadanos que viven en un mismo territorio conocen mejor sus necesidades que los que no. Yo puedo tener una idea de lo que necesita Barcelona, pero no me preguntes por Cádiz porque no te sabré decir absolutamente nada.

El argumento de Gancia, Ponzetto y Ventura es realmente convincente. Más aún si los estados, después de lograr la secesión, mantienen una actitud abierta hacia la globalización. Parece que si se hace bien, la descentralización podría traer cosas muy positivas (de hecho ya las ha traído!). Sospecho que este argumento es más relevante todavía en lugares donde los derechos económicos y civiles de los ciudadanos no están bien protegidos y en países que cuentan con grandes territorios.

No obstante, Daniel Treisman también ha hecho contribuciones relacionadas con la descentralización política. Otras lógicas pueden estar relacionadas con la fragmentación política. Más descentralización puede generar problemas a la hora de lograr recaudaciones fiscales, aunque esto no siempre tenga por qué ser negativo, en ocasiones lo podría ser. Además, más descentralización no tiene por qué generar mayores niveles de libertad. Un claro ejemplo lo encontramos en los estados del sur de EEUU, los cuáles mantenían la esclavitud y diferentes sistemas de segregación.

Su postura es que la descentralización puede ser buena o mala. Pero es extremadamente complicado anticipar si los efectos positivos dominarán o no. Además, advierte de que no hay una base sólida ni en la teoría ni en la evidencia empírica para esperar que la descentralización política tenga efectos universalmente positivos. No quiere decir que la descentralización política sea necesariamente mala. Todo depende del punto de partida. Si uno parte de un sistema centralizado tremendamente disfuncional probablemente exista un argumento para avanzar hacia un sistema más descentralizado. Pero si éste funciona bien lo más probable es que la descentralización no traiga grandes beneficios e incluso puede generar pérdidas.

Por tanto, no parece existir un consenso sobre si la descentralización política genera mejores resultados o no. A mi entender, la posición más coherente es mantenerse relativamente agnóstico y analizar uno por uno cada uno de los cases en vez de posicionarse siempre a favor, o en contra, de la descentralización.

Los estados centralizados tuvieron un papel muy importante en la promoción del crecimiento económico y en la expansión de gran parte de las libertades de las que disfrutamos hoy en día. Aunque, como bien señalaban Gancia, Ponzetto y Ventura, durante la segunda oleada de la globalización ha prevalecido otra lógica. Según Mark Koyama, aquí tenéis algunos de los canales mediante los que se logró:

3.1. Protection from external predation

3.2. States and markets as complements

Another mechanism is the complementarity between market performance and state capacity. Well functioning markets are not only required for allocative economic efficiency, they also provide the necessary conditions for sustained economic growth over time. But markets cannot operate in an institutional vacuum. They require property rights that are well defined and enforced and rely on governance institutions that can arbitrate claims and disputes.

Governance institutions do not have to be provided by a state—that is by an organization that claims a monopoly on the legitimate use of force within a circumscribed territory. Historically there are many instances of market actors developing their own governance mechanisms in the absence of state enforcement through private-order arrangements (Greif, 1989, 2006; Clay, 1997; Clay and Wright, 2005; Leeson, 2014; Stringham, 2015). A considerable volume of trade took place in the middle ages without relying on enforcement by any single political authority. The state is certainly not required for either impersonal trade or for the emergence of rules of behavior and the rule of law. What the historical record suggests, however, is that during the relevant centuries prior to the industrial revolution, commerce and trade came increasingly under the purview of the public-order institutions.26 An account of the onset of modern economic growth in western Europe cannot therefore abstract away from the greater role played by public order institutions during this time period.

The rise of more powerful states led to greater market integration. Economic historians have long pointed out that markets in medieval and early modern Europe were fragmented (Heckscher, 1955; Epstein, 2000). Transport costs were high, particularly for overland transport: it was rarely economical to move bulky goods like grain far by road as the price would double every 250 miles (Masschaele, 1993). But these barriers were not only technological; they were also institutional. Internal trade barriers and tolls ensured that transactions costs were high and were responsible for impeding trade in all European countries (Dincecco, 2010).

Various studies have attempted to quantify the extent of market integration in early modern Europe (Shiue and Keller, 2007; Bateman, 2011; Chilosi et al., 2013; Bernhofen et al., 2016). This research shows that, in general, markets only became fully integrated in the nineteenth century. But there was a movement towards greater integration in the early modern period driven by a number of factors, including improved road networks, canals, and a decline in the violence associated with warfare after the seventeenth century. Among the most important factors was the role played by powerful states like France and Prussia in suppressing the attempts by local elites to extract rents.

3.3. A more effective bureaucracy

What, then, is the connection linking a functional bureaucracy to economic growth? Several points deserve emphasis. The first is that, whatever the range of services a state is expected to provide, it is imperative that it provide those services effectively.31 The quality of a bureaucracy matters even if the scope of state activty is tightly constrained. Second, states that possess an effective administrative machinery are better able to overcome vested interests and resist rent-seeking by losers. Research by Acemoglu and Robinson (2000) and Coşgel et al. (2012) among others has shown that attempts by potential losers to block reforms or innovations have played an important role in impeding economic growth. A third important channel concerns the ability to raise taxes in a way that does not generate large deadweight losses. States with high fiscal capacity can raise revenue in ways that do not create large distortions in relative prices (Lindert, 2004).

3.4. General rules and rule of law

State capacity, as we have noted, need not promote economic growth. States with high capacity can pursue destructive economic policies. Rather the point is that state capacity can be beneficial for growth when the state is constrained by law. One of the reasons for this is that high capacity states have the ability to enforce general rules. This ability is closely linked to what social scientists typically mean by rule of law.

Low capacity states are unable to implement or enforce general rules. While high capacity states do not necessarily enforce general rules, the historical record suggests that as rulers invested in capacity, they were often confronted with strong incentives to make their rules more general. This was often simply because the costs of applying centralized fiscal and administrative rules to heterogenous populations were lowered when those rules and institutions were made more general.

3.5. Nation-building

Early modern states resembled stationary bandits to use Olson’s memorable phrase (McGuire and Olson, 1996). They taxed and they made war. And they relied on popular acquiescence rather than popular support. An important achievement of the most successful modern states after 1850 is that taxation came gradually to rest on quasi-voluntary compliance. This achievement was based on the perception that modern states were legitimate in the eyes of a majority of their populations. The legitimacy of a state depends on the beliefs of individuals. Scheve and Stasavage (2012) argue that mobilization for war played a crucial role in the establishment of inheritance taxes because warfare generated both a need for revenue, and a sense that the rich should contribute financially, if others were contributing through military service. Legitimacy requires an ideology. But individuals have to be able to coordinate on and share this ideology. This requires publicizing the aims and purposes of the state. Or it can involve hijacking existing legitimating values such as nationalism or religion. Nationalism has been a particularly effective ideology around which modern states have coalesced (Gellner, 1983; Anderson, 1991; Hobsbawm, 1991).

Development economists have pointed out that heterogenous preferences—often a synonym for the absence of a common national identity—are generally associated with lower public good provision, greater risk of civil war, and lower incomes (Easterly and Levine, 1997; Alesina et al., 1999, 2003; Arbatli et al., 2015). In contrast, more homogenous preferences lower the costs of public good provision and make it easier for individuals to coordinate on collective decisions (Buchanan and Tullock, 1962, pp. 113– 116). These arguments are extremely relevant for economic historians.36

This suggests that the emergence of effective states is predicated on a degree of cultural, linguistic, and ethnic homogeneity. State building had to be accompanied by nation-building. The most successful modern states like Britain and France developed as nation states while larger multi-ethnic states like the Habsburg, Ottoman and Tzarist empires proved less successful and eventually disintegrated. But cultural, linguistic, and to an extent ethnic homogeneity are themselves variables that can be shaped by policymakers.37 And, with this in mind, a growing literature investigates the interaction between state capacity and national identity.

Alesina and Reich (2015) develop a model to study the conditions under which a ruler or ruling elite will invest in homogenizing the preference of the population. They argue that the threat of democratization provided an important inspiration for rulers to instill common national preferences. The model they build allows for several possibilities including that where rulers do not instill national preferences but prefer to ‘divide and rule’, the common strategy adopted by European rulers in their colonies.

Nation-building policies such as the introduction of compulsory education require a certain level of state capacity. Therefore, attempts at nation-building will be limited or absent in states that lack capacity. Rulers possessing lower state capacity will be more likely to rely on methods based on the principle of divide and rule than will rulers with higher state capacity.

3.6. Fiscal Capacity and National Identity in Ancien Regime France

Alexis De Tocqueville in The Old Regime and the French Revolution argued that many of the democratic and constitutional reforms of the Revolution were made possible by the policies of Bourbon monarchs during the previous century, policies which undermined the institutions of the feudal regime. The monarchy was able to increase its fiscal and legal capacity during the seventeenth and eighteenth centuries (Root, 1987; Kwass, 2000; Johnson and Koyama, 2014b). Johnson (2015) argues that one unintended consequence of the extension of the state capacity of the monarchy was that the new institutions introduced replaced and made obsolete pre-existing feudal institutions. This, in turn, shifted the attention of both nobles and non- nobles away from local interests and towards the business of reforming national institutions.

Cities inside the CGF affiliated more with national than local institutions in 1789 and were also richer in 1817–21. Furthermore, the source of this income difference can be traced to the willingness of these regions to use formal financial institutions and to contribute towards public goods. In the case of France, the development of fiscal capacity by the absolute monarchy was a necessary step towards generating support in the general population for broader-based and more inclusive institutions which were conducive to stable economic growth.

Taken together, this work provides evidence that high capacity states in Europe contributed to economic development through a range of channels: they made economies more robust to negative shocks such as warfare, helped to integrate domestic markets and laid the foundations for relatively impartial bureaucracies and the rule of law. Furthermore, as part of a self-reinforcing process, state-building itself helped previously heterogeneous population to coalesce around common goals such as the provision of more general rules.

5. Concluding comments

As we have noted, the link between state capacity and economic growth that we observe historically is a contingent one. The origins of modern economic growth are to be found in the expansion of market exchange and trade that gave rise to a more sophisticated and complex division of labor that rewarded innovation and to the cultural and potentially non-economic factors that helped spur innovation (Howes, 2016; McCloskey, 2016; Mokyr, 2016). The importance of the rise of high capacity states to this story is that these states helped to provide the institutional conditions that either enabled growth and innovation to take place or at least prevented their destruction through warfare or rent-seeking.

The emergence of sustained economic growth in the nineteenth century was associated with strong but limited states. Twentieth century ambitions to use state power to remold societies either ended in failure or were at least partially reversed. We have focused on the recent literature linking the rise of the modern state to positive economic outcomes, but do not want to give the impression that we are neglecting how easy it is for governments to destroy economies (e.g., Shleifer and Vishny, 1998; Easterly, 2001). Bringing together insights from the state capacity literature with the political economy literature on government failures is a fruitful avenue for future research. We have also left for further work, the relationship between the rise of modern states and investments in public health and education from late nineteenth century onwards, two other important channels that link state capacity to long-run economic success. Finally, we suggest that the long-run relationship between culture, social capital, identity, and state capacity has only just begun to have been studied and awaits much future research.

Pero es que además, parece ser que los estados modernos también jugaron un gran papel en la expansión de la libertad religiosa:

With my colleague at George Mason University, the historian Noel Johnson, I recently completed the book Persecution and Toleration (2017), in which we show that ideas were not enough to realise religious freedom. Crucially, it took political and institutional changes – specifically, the growth and strengthening of the ability of states to create and enforce rules – to make religious freedom in the West possible and appealing. It wasn’t the ideas of Bayle or Spinoza or Locke driving the rise of state power, it was the need to raise resources for governing and war. For the rising fiscal-military state, religious uniformity and persecution simply became too expensive and inefficient.

A partnership between church and state developed, a partnership with important consequences for religious freedom in the premodern world. In return for granting rulers political legitimacy, religious authorities could require secular rulers to enforce religious conformity. The bargain appealed to secular rulers too, as they believed that religious competition generated political instability.

Religious conformity, and thus the persecution of religious dissent, came to be tantamount to the maintenance of political order. In such a world, religious freedom was inconceivable.

Religious freedom, however, was simply not tenable in the first part of the 16th century. This was not simply due to dogmatism. People in the 18th century were no smarter or more able to think through arguments in favour of toleration than people in the 16th century. What was different was that religion played a greater role in sustaining the 16th-century political order.

So what changed? Why did religious freedom come to the West? Why did Locke and Voltaire become heroes of religious freedom, but not Castellio? The answer lies in fundamental institutional changes that took place in European states between 1500 and 1800.

The first change was the transformation in the scale of European states. In the late Middle Ages, medieval rulers began to invest in building administrative capacity and to raise taxes more regularly. The most dramatic developments, however, occurred after 1500, as a result of developments in military technology that historians label the Military Revolution. This continent-wide arms race, brought on by the development of gunpowder, forced rulers to invest in greater fiscal and administrative capacity.

For states with bureaucracies and professional tax collectors, it was simply less costly to treat everyone equally

However, the long-run impact of these changes undermined religion as a tool of political legitimation, and worked to replace the old reliance on identity rules with more general laws. The new modern states that emerged in Europe after 1600 subordinated all alternative sources of power – the nobility and the church – to one sovereign authority. Religious legitimation became less important as a source of political legitimacy, and the grand bargain between church and state weakened. As they relied less on religious authority, states grew less inclined to value enforcing religious conformity.

The process of centralisation and bureaucratisation brought other important consequences. It meant that identity rules had to be abandoned. In their place, states instituted more general rules. Guilds lost their monopoly privileges. Legal systems became increasingly standardised; taxes more regularised. For states with bureaucracies and professional tax collectors, it was simply less costly to treat everyone equally. Discriminatory rules against Catholics, Protestants or Jews either became redundant over time or were eventually done away with. Though gradual and fitful, this levelling process proved inexorable and, in the long-run, irreversible.

The establishment of relatively powerful and ‘secular’ states that no longer required religious legitimation shifted the political equilibrium in favour of religious freedom and dismantled the old system of identity rules. Once this institutional change had taken place, elite opinion shifted in favour of religious freedom.

Economic changes complemented the rise of religious freedom, most notably the onset of modern economic growth. As in the Jewish example, greater freedom allowed religious minorities to flourish. French Protestants expelled by Louis XIV brought with them advanced skills and industrial expertise to England, the Netherlands and Prussia. In Industrial Revolution Britain, Quakers and other religious dissenters were overrepresented among businessmen, entrepreneurs and innovators.

The indirect consequences of moving from identity rules to general rules were even more important. Identity rules had limited the scope of trade and the division of labour. As these identity rules were removed – as guilds lost authority, and cities and lords lost their ability to charge internal tariffs – trade and commerce expanded.

The growth of trade, in turn, reinforced the trend towards liberalism. Trade, as Enlightenment thinkers such as Montesquieu argued, encouraged individuals to see the world through the positive-sum lens of mutual beneficial interaction rather than through the zero-sum lens of conflict. Religious freedom began to seem less like a recipe for social disorder and civil war, and more like a win-win proposition.

What implications does our argument have for the modern world? Most important perhaps is the need to recognise that liberal ideas were not necessarily responsible for the emergence of liberal societies. Instead, the rise of a new type of political organisation, the modern state, led, for its own reasons, to rulers enforcing general rules of behaviour – rules incompatible with religious discrimination.

Finally, the history of how religious freedom came to be is a reminder that commitment to liberal values alone is not enough for liberalism to flourish. It requires a suitable political and economic foundation. As the experience of 1930s Germany suggests, religious persecution can quickly re-emerge. We cannot rely on liberal ideas alone to be effective. If we value religious freedom, and other achievements of liberalism, we must look to the vitality of their institutional foundations.

Cabe recordar, que los estados modernos también fueron protagonistas de las mayores atrocidades que ha conocido el mundo. Pero como bien señala el texto, estar comprometido con los valores liberales no es suficiente para que el liberalismo florezca. Hay que prestar atención a las bases institucionales que permitieron su crecimiento. Y, en muchos casos, los logros del liberalismo no se han conseguido a través de la “voluntariedad”, ojalá fuera así de sencillo.

Los sistemas sanitarios: algunos enlaces.

En esta entrada comparto gran parte de los enlaces que he leído sobre sanidad hasta el momento. La verdad es que el tema da para mucho y es fácil perderse con tanto dato arriba y abajo. Lo que no es tan fácil es llegar a conclusiones.

Veréis que los enlaces tratan temas muy diversos. Desde la Affordable Care Act y las propuestas republicanas, hasta artículos y vídeos donde se reflexiona sobre los diferentes sistemas sanitarios, pasando por lo que se ha hecho en España o incluso en Catalunya.

affordable

Roger Senserrich publicó recientemente esto en Politikon:

También tiene un artículo sobre modelos de sanidad:

Vox:

JFV tiene esto escrito: Healthcare.

Y en NeG:

Las siguientes entradas de NeG tratan el sistema sanitario de una forma bastante general aunque en este caso aplicadas al caso español (1,2,3,4 y 5).

Sobre el Sistema Nacional de Salud (0,1,2,3 y 4).

healthcare

Volviendo a EEUU, John Cochrane ha escrito escrito bastante sobre el tema:

Recomiendo particularmente este paper After the ACA: Freeing the market for healthcare también podéis ver (aquí,aquí,aquí).

Aquí un video con visiones contrapuestas (muy recomendable).

Un par de documentos más de Cochrane:

American Economic Association:

Pro-Market:

  • Sobre el precio de la falta de competencia en el sector sanitario (aquí)-

MarginalRevolution:

  • Alex Tabarrok nos explica que tener médicos fatigados daña la salud de los pacientes.
  • Supply Side Health Care Reform.
  • Tyler Cowen tiene un interesante post en el que señala que las dificultades de la sanidad privada pueden estar más relacionados con problemas re-distributivos que con cuestiones relacionadas con la eficiencia. Quizás existe un trade off entre eficiencia y equidad.
  • Cowen publicó una entrada en el que expone los diferentes tipos de sistemas sanitarios.
Ross Douthat en el NYTimes:

CEPR

Bryan Caplan:

Nintil es sinónimo de calidad:

Some people think some features of this market are proof that the market for healthcare doesn’t work. One example is pre-existing condition coverage. Someone with cancer who purchases a new policy (even if he manages to!), won’t be covered for expenses due to cancer. But this is a feature, not a bug: The premium is really the expected cost to you plus a markup. If the cost is known with certainty, then the premium equals the total amount. Trying to “fix” this feature of the market by doing things like mandating that everyone pays the same, or that insurer cover everyone undermines the workings of the market. If one really wishes to cover those people, it would be far better to redistribute towards them.

Si tuviera que escoger uno sería el último.

Scott Alexander se pregunta por qué el coste de servicios fundamentales ha incrementado tanto, ofrece algunas soluciones aunque ninguna de ellas le acaba de convencer:

Aquí comparte las mejores respuestas a su artículo:

Un review de Michael F. Cannon sobre Side Effects and Complications: The Economic Consequences of Health-Care Reform de Casey B. Mulligan.

Random Critical Analysis:

Un debate entre Brian Blase de Mercatus Center y Ron Pollack.

Entrevista de Ezra Klein a Obama:

Sobre la sanidad en Singapur:

Cuidado, Singapur no es ningún nirvana libertario, más bien es un sistema público-privado (muy regulado) que parece estar dando muy buenos resultados. Seguro que se pueden extraer lecciones, pero eso no quiere decir que se pueda replicar con facilidad en otros lugares. Por tanto, hay que ser precavidos a la hora de hacer recomendaciones políticas al respecto.

Vídeo muy corto de Ben Southwood: US Healthcare

Katalepsis:

Un paper sobre los efectos de las expansiones de Medicaid sobre el bienestar financiero de los individuos:

American Health Care Act HCA, Trumpcare o AHCApolypse, así es como la ha bautizado Krugman:

  • El famoso informe del CBO.
  • Entrada en Vox, explicando gráficamente algunas intuiciones del informe.

Avik Roy:

What About Market-Oriented Healthcare Reforms? Overrated and underrated.

En el caso de Catalunya:

Un debate en el que participó Guillem López Casasnovas y la presentación de su libro en el Cercle d’Economia.

Un artículo sobre colaboración público-privada de Mas Colell en el diario Ara.

Para acabar, si alguien quiere aprender sobre cómo funciona el sistema sanitario en EEUU hay unos vídeos publicados por Khan Academy y Brookings Institution. Comienzan con un breve vídeo de introducción (1) y luego pasan a explicar el funcionamiento de Medicare (2), Medicaid (3), los resultados de lo que en inglés se conoce como Pay for Performance (4), el trato que reciben los enfermos crónicos (5), copagos y “deductibles” (6), cómo se implementó el “employer sponsored insurance” y cómo interaccionan las aseguradoras privadas con los proveedores sanitarios (7), los costes de provisión (8), los que no están asegurados (9) y un par de vídeos más (10) y (11).

Un vídeo sobre por qué los costes en EEUU son tan altos. El autor explica que gran parte de los costes se explican por no tener un sistema de negociación centralizado. En un sistema single-payer  en el que el Estado ofrece un gran contrato, los proveedores están incentivados a reducir los costes tanto como sea posible. Sin embargo, y esto no se comenta, parece que también pueden existir costes de oportunidad en términos de innovación. Así que hay que tener en cuenta todos los pros y contras.

Una serie de vídeos en los que se exponen diferentes modelos de sistemas sanitarios:

Sobre PPACA (Obamacare).

Costes del sistema sanitario en EEUU vs en Europa (aquí)

Mercatus Center:

Hasta aquí. Espero que sea útil.

Las consecuencias importan ‘folks’

Creo que esta entrada os resultará bastante entretenida.

En este blog, hemos hablado en varias ocasiones de Michael Huemer. Como sabréis, este profesor de la Universidad de Colorado ha hecho una defensa muy potente del liberalismo en un libro titulado The Problem of Political Authority.

No me me voy entretener en explicar las ideas del libro, para algo hice un post en su día. Pero yo resumiría la conclusión del libro de la siguiente forma (o almenos es lo que más me gusta, o con lo que me quedo):

A igualdad de resultados, existe una presunción MORAL a favor de hacer las cosas a través de la sociedad civil y la voluntariedad que a través del Estado. Sin embargo, admite que el Estado puede poner remedio a consecuencias suficientemente negativas que no se puedan solucionar a través de la sociedad civil.

Esto es un resumen muy pobre, pero para lo que quiero decir hoy me basta. Fijaros en que Huemer hace una defensa del liberalismo respaldada en la MORAL.

Antes de entrar en materia, os diré que me sorprende la hipocresía de muchos liberales. Si uno hecha un vistazo a sus cuentas de twitter podrá comprobar la cantidad de personas que repiten una y otra vez que es INMORAL que el Estado haga esto o aquello.

Pero esperad un momento. Si a los liberales les importa tanto la ética y la moralidad, ¿No la deberían defender en todos sus aspectos?  Lo que quiero decir es que la moral tiene muchas facetas, no solo la política. En situaciones normales (no siempre), mentir es inmoral. Pero no les veo preocupados en que la gente mienta a diario. Es mas, ellos también mienten.

Ahora bien, muchos me podrán decir:

  • Vale sí, tienes razón. Pero hay cosas más inmorales que otras. Que la gente diga pequeñas mentiras no es lo mismo a que cometa asesinatos.

Exacto, hay cosas más inmorales que otras. Las personas hacen cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas buenas hay cosas muy buenas y cosas que están bien. Y dentro de las malas hay cosas imperdonables y cosas que están mal, pero que tienen un pase.

De la misma forma, los Estados modernos hacen cosas buenas y cosas malas. Dentro de las buenas están las muy buenas y las que están bien. Y dentro de las malas están las imperdonables y las que están mal, pero que tienen un pase.

Fijaros en que muchos liberales tratan estas dos situaciones de forma asimétrica. Muchos comprenden que los individuos tienen una capacidad limitada para saber qué es  y qué no es moral en su vida privada. Sin embargo, no comprenden que en ocasiones no es tan sencillo determinar si una medida política es o no es moral. Pero eso no les impide lanzar juicios de valor.

Para determinar si una medida política es buena o no, una de las cosas que tendremos que hacer es echar un vistazo a sus consecuencias. Ojo, no digo que solo nos tengamos que preocupar de si las consecuencias son o no son positivas, digo que también nos tenemos que preocupar de ellas. Y tendremos que tener en cuenta que no es obvio determinar qué consecuencias son deseables. En muchas ocasiones, ni siquiera es fácil saber cuáles serán las consecuencias derivadas de una política cualquiera.

Si uno se va a la academia, encontrará que los expertos disienten de forma recurrente a la hora de estudiar los efectos de una política. Es cierto que existe consenso en muchos temas, pero en otros no tanto.

Por ejemplo, demostrar que el comercio internacional tiene cosas muy buenas es trivial. Ahora bien, no todos opinan lo mismo sobre cuál es el equilibrio óptimo entre Estado y mercado en sanidad, por ejemplo. Algunos creen que el sistema sanitario debe tener una parte pública (de titularidad pública y con proveedores públicos o privados) y otra parte privada en la que las aseguradoras ofrezcan un servicio independiente al del Estado. Otros creen que la sanidad debe ser privada pero que el Estado puede tomar toda una serie de medidas para evitar ciertos resultados (extender coberturas para eventos catastróficos, instaurar cuentas de ahorro forzoso, etc).

Tened en cuenta que la respuesta a esta y a otras preguntas no es obvia. Supongamos que la sanidad privada funcionase muy bien en EEUU. ¿Significa eso que funcionaría igual de bien en otros países? Podría ser que sí. Pero, ¿Y si no?

Pensad en un caso en el que ex ante, no hay consenso sobre si la sanidad privada es buena o no. Sin embargo, el equipo de Gobierno de turno decide privatizarla. Ex post se descubre que el cambio ha sido un éxito. ¿De verdad alguien cree que hubiese sido imperdonable que ex ante se hubiese decidido no hacer nada?

Con esto no quiero decir que no se pueda defender la sanidad privada. Solo digo que si ex ante la evidencia no es fuerte en favor de la sanidad privada, ex post (o ex ante) no puedes decir que es imperdonable que exista la sanidad pública. Como mucho podrás decir que te parece que está mal, pero que es perdonable.

Como hemos visto, ni es fácil determinar las consecuencias de diversas políticas, ni es fácil (una vez las conocemos) determinar que consecuencias son deseables. Y esta es la laguna más grande que le veo al libro de Huemer. Bajo mi punto de vista, Huemer subestima la cantidad de consecuencias positivas que puede promover el Estado. O si no es así, simplemente cree que no son suficientemente positivas como para compensar las negativas. Discrepo, ¿No podemos simplemente tratar de reducir las negativas?

El autor nos dice que el Estado puede intervenir para evitar consecuencias tan negativas que exceden los beneficios de la no intervención. Pero, ¿No es lo mismo decir que el Estado puede intervenir para promover consecuencias tan positivas que excedan el coste de la intervención? ¿Qué quiere decir con “evitar consecuencias suficientemente negativas”?

Supongamos que vivimos en un mundo huemeriano, en el que la sociedad civil es la encargada de organizarse e intervenir para evitar que ocurran consecuencias negativas y que si esta no es capaz de evitarlas, entonces el Estado podrá intervenir. ¿Como saben los agentes que conforman la sociedad civil cuando “las consecuencias son suficientemente negativas” como para justificar su intervención? 

Bajo los criterios de Huemer, en la sociedad habrían muy pocas situaciones que justifiquen una intervención del Estado o de la sociedad civil. Pero, de nuevo, es muy difícil determinar en que casos merece la pena intervenir. Bajo mi punto de vista, se pueden tomar medidas muy beneficiosas sin incurrir en grande costes en términos de libertad.

En definitiva, de Huemer me quedo con mi resumen anterior:

A igualdad de resultados, existe una presunción MORAL a favor de hacer las cosas a través de la sociedad civil y la voluntariedad que a través del Estado. Sin embargo, admite que el Estado puede poner remedio a consecuencias suficientemente negativas que no se puedan solucionar a través de la sociedad civil.

Some links about Democracy

Just decided to publish a brief post in order to show you some of Jason Brennan’s work. I also encourage you to take a look into his book although I haven’t.

What I do have read are most of his BHL articles. Here are some of them:

I don’t want to copypaste the relevant stuff of each of this posts because is a lot of work.

Two videos here: 1 & 2

If we take a look into J. Brennan’s work he has been fighting against semiotic arguments for policy making for a long time. He has a book on the topic and here you can see a video. One of the things he points out is that semiotic arguments are not good enough in order to ban a market for, say, kidneys. So you shouldn’t prevent other people from selling a kidney just because we find it disgusting. You could argue against a market for kidneys if you think that it will produce bad outcomes or whatever. But not just because you don’t like it nor because you find it nasty. See also this about a market for kidneys (in spanish).

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Tyler Cowen has argued (here) that he could easily imagine a USA in which the elites at Harvard or MIT supporting left-wing policies. So is not a matter of ideology.

J. Brennan has also published this in the Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

Having said that I have showed you one piece of the picture. I ignore most of the literature about democracy and you should look into other sources in order to have a broader view. However, whether you agree or not you’ll find this posts very interesting.

My view:

I agree a lot of the arguments that favors democracy over epistocracy rely on a bunch of social constructs, cultural beliefs and so on. But consider the fact that the arrangement of our political system could have to take into account the nature of today’s humans in order to avoid social tensions. That includes biological constraints that may play a role at the time of determining our feelings once we are in a system that doesn’t imbue us with political power (I would like to see some research about it, just an hypothesis for the moment). And also could include social constraints, such as cultural beliefs or social constructs. We may have to change that but changing it will take a lot of time. In order to pass epistocracy you will need the agreement of a huge part of the population which is not feasible in the short nor in the medium run. I don’t see epistocracy as a short way of improving people’s life. And even if the society leaves aside this types of beliefs I have serious doubts about how could it actually work in the long run. We should note the importance of improving the epistemic level of the pool of voters but step by step you get further.

When proposing political measures a lot of people usually don’t take into account the nature of individuals. I have found that over and over again. Is like they focus more on how things should be than in how they actually are. In a way if you change the starting point you can reach a different optimal outcome.

I’m not saying that this is useless, in fact I think it is a way of inspiring new ideas (like the ones presented here). But it’s also true that you should go carefully at the time of defending them. Brennan himself is very cautious.

 

¿Qué le pasa a NeG con los economistas de moda? ¿Es la Escuela Austríaca de Economía pseudociencia?

Hace un par de días desde que José Luis Ferreira abrió la caja de Pandora con la publicación de una entrada titulada “Los malos axiomas de los austríacos” en su blog Todo lo que sea verdad.

La Escuela Austríaca (EA)

La Escuela austríaca, también denominada Escuela de Viena, es una escuela de pensamiento económico que defiende un enfoque individualista metodológico para la economía denominado praxeología.

He tomado la definición de wikipedia. En realidad dentro de esta escuela de pensamiento económico podemos encontrar 2 vertientes principales:

  • El Mises Institute. Para una crítica de esta rama (tremendamente dogmática) léase la entrada de J.L. Ferreira o (que mejor para criticar una escuela de pensamiento que leer críticas de los que la conocen desde dentro) este maravilloso recopilatorio de críticas a la escuela austríaca que hizo Francisco Capella: esto y esto. Dentro de los enlaces anteriores también encontraran esto de Bryan Caplan. Y para acabar esto*. Nada de lo que yo pueda decir sobre la EA es más relevante que estas entradas y las recomiendo mucho.
  • George Mason University. No todo el mundo dentro de la George Mason University se considera austríaco, pero Peter Boettke sí. Aquí pueden encontrar una playlist de Mercatus Center. De hecho, NeG ha enlazado en repetidas veces a Peter Boettke. El problema de ésta última rama no es la falta de rigor, sino más bien su poca utilidad práctica. Aquí un debate entre Caplan y Boettke.

Como he dicho en alguna parte:

“La EA en su peor versión es horrorosa y en su mejor versión insuficiente e innecesaria”.

Solo con echar un vistazo a (*) uno ya se hace una idea de la cantidad de cosas que tendrían que hacer los primeros para parecerse a los segundos.

Y dicho esto: ¿Qué sentido tiene que formas de pensar tan divergentes se reúnan alegremente bajo la misma etiqueta? ¿Qué puede aportar la EA a la economía? ¿Y a la batalla de las ideas?

El uso de etiquetas en economía

La verdad es que siempre me ha hecho gracia la gente que utiliza expresiones del tipo:

– “Yo soy economista de la EA”

– “¡Ah!, yo soy de la de Chicago”

Personalmente, pienso que es mejor no identificarse con ninguna de estas etiquetas y coger en cada momento lo que a uno más le conviene de cada casa.

Las etiquetas siempre sintetizan información de manera imperfecta, lo que sucede es que cuando las diferencias dentro de los grupos suscritos bajo una misma etiqueta se hacen suficientemente grandes, toca poner tierra de por medio, y esto es lo que la EA no ha hecho. Si uno tiene la (no muy recomendable) costumbre de querer sacar su etiqueta a relucir, por lo menos debe aspirar a tener una etiqueta que refleje sus ideas y no las de otras personas bajo la misma etiqueta.

Carece de sentido que Boettke se identifique con personas que han rechazado todos los avances que ha hecho la economía durante el SXX (econometría, teoría de juegos, etc. ) y que han cometido errores muy graves y no han sabido rectificar, como bien explica Capella.

El problema de los austríacos como Boettke es que se han agarrado a una etiqueta que no veo que refleje sus ideas económicas, se ha exprimido la etiqueta “austríaco” hasta que no ha dado más de si. ¿Por qué? No lo sé, probablemente tenga que ver con motivos ideológicos, raíces  comunes o con una visión romántica del término.

¿Qué puede aportar la EA a la economía?

La verdad es que es difícil pensar que la EA tenga gran cosa que ofrecer.

EA y política

Si hay un ámbito donde la EA puede influir es en lo que los tertulianos llaman la batalla de las ideas. La batalla de las ideas consiste en defender ideas radicales, manipular o por lo menos construir los relatos que más te convienen para desplazar la frontera de tu ideología política, y es algo en lo que participan tanto partidos políticos como gente desvinculada de la política pero con fuertes convicciones ideológicas.

La EA (al igual que la economía marxista o según que keynesianos) puede ser útil para transmitir información parcial y sesgada a través de la batalla de las ideas. La razón es que son ideas fáciles de transmitir, de entender y no requieren formalización matemática.

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SMBC – Descripción gráfica de la batalla de las ideas


¿Que problema tienen en NeG con los economistas de moda?

Bajo mi punto de vista (que me lo comuniquen si no es así) el problema que tiene tanto Ferreira como NeG con JR Rallo, Daniel Lacalle, Eduardo Garzón y (quiero pensar que también) con Bernardos o JC Díez, es que todos participan en una cosa, la batalla de las ideas, que desde la academia es visto (con parte de razón) como un circo que no lleva a ningún lado.

En NeG no sientan bien las simpatías de Lacalle con el PP, tampoco las soluciones mágicas de Eduardo Garzón y parece ser que tampoco las ganas de desregulación y recortes del gasto de Rallo (aunque ya podrían señalar a Bernardos o Díez). Teniendo en cuenta que el blog cuenta con catedráticos de primera línea, conviene escuchar lo que dicen.

Además, existe la posibilidad (por mínima que sea) de que algún político te haga caso. No creo que esto siente muy bien en la academia y menos en un blog como NeG que, supongo, aspira a tener una mínima influencia política.

JR Rallo y la EA

¿Es Rallo “austríaco”? Pues eso depende de que se entiende por austríaco. Si se lo preguntáis a él, os dirá que sí. Si me lo preguntáis a mí os diré que no tiene mucho de austríaco (de hecho, él ha sido el primero en criticar muchos aspectos de la EA), aunque conozca la EA mas que nadie en este país. Todo depende de que se entienda por “austríaco”.

Lo que sí creo es que JR Rallo y más gente (más de uno en la cena de Navidad habrá hecho lo mismo y más) ha utilizado la EA para que los liberales ganen cuota en el mercado de las ideas. No le juzgo por ello, pero uno debe saber que cuando participa en la batalla de las ideas esta expuesto a una crítica constante y compatibilizar esto con intereses académicos es, por lo menos, muy difícil. A mí, me hubiese gustado verlo más en la academia (capacidad no le falta) que en el debate político, donde es inevitable patinar de vez en cuando.

El debate entre JL Ferreira y JR Rallo

Mi impresión es que a JL Ferreira no le gusta que JR Rallo, alguien con mucha influencia mediática, defienda con tanta holgura y seguridad ideas muy controvertidas: como la introducción de un patrón oro, la eliminación del sistema público de pensiones, la privatización de gran parte de la sanidad y educación, open borders, etc.

Si es así, estoy de acuerdo con JL Ferreira. Incluso si todas estas medidas pudiesen funcionar (teniendo en cuenta que cada uno tiene su idea de lo que es funcional), uno debe tener en cuenta que en la sociedad viven individuos con preferencias muy dispares y defender la introducción de ideas que pueden causar tensiones sociales muy importantes es, por lo menos, algo sorprendente.

Defender un sistema privado de sanidad, como hace Jesús Fernández-Villaverde para EEUU aquí, no creo que sea el problema. Tampoco pensiones o educación superior. El problema lo veo en defender no solo su estudio, sino su introducción, en un país en el que el contexto y las normas sociales de la población son totalmente diferentes.

Las preferencias de los españoles han de cambiar mucho antes de poder hacer algo así. Una cosa es el plano teórico y otra cosa el político. Y lo dice alguien que cree que hay que avanzar bastante más hacia la responsabilidad individual. Recomiendo éste artículo del Niskanen Center, donde se comenta como los intentos de rebajar la ratio de gasto público sobre PIB han fracasado. Muy recomendable sobretodo para los que mantengan posturas a favor del libre mercado:

It’s time to consider the possibility that there’s no convincing them. What if there’s no feasible path within the bounds of normal American democratic politics to significantly lower the level of government spending as a percentage of GDP? If we look at the world, what we see is that when people get richer, they want more welfare state. Maybe there’s nothing much we can do about that.

I think accepting that it’s probably not possible to shrink government would have a transformative effect on right-leaning politics. We would focus on figuring out the best ways to match receipts to outlays without getting distracted by half-baked ONE AMAZING TRICK strategies to downsize Leviathan. You start to think differently about cutting wasteful spending, consolidating redundant programs, and making the delivery of government services more efficient when you stop seeing it all as part of some master plan to drown the government in a bathtub. You start to accept that spending cuts are ultimately more about optimizing the composition and effectiveness of spending than about the overall level of spending or its rate of growth. This doesn’t mean not fighting like hell to slash nonsense programs, or not prioritizing reforms to make entitlement programs fiscally sustainable, or not trying to balance budgets from the spending side, or not trying to minimize the rate of spending growth. This just means that you do it all knowing that the rate of spending growth isn’t going to go negative unless you hit a recession, a debt crisis, or end a major war. You do it knowing that our government is already unusually small in comparative terms, and that it’s highly unlikely to contract and stay that way.

Giving up on the quixotic quest to find the magic words or the magic policy lever that would finally and decisively falsify Wagner’s Law would also lead us to distinguish more clearly between the welfare state and the regulatory state, and to focus our energy on removing regulatory barriers to economic participation, innovation, and growth. We’ll see more clearly that a small government and a limited government that reliably protects rights and promotes freedom aren’t really the same thing. And we’ll begin to recognize that sowing antagonism to the welfare state hasn’t accomplished anything very constructive. The war against the welfare state hasn’t slowed growth in welfare-state spending so much as it has made our system unusually loathed and unusually shoddy. Mostly, it has fostered a divisive, racially-tinged “makers vs. takers” narrative while encouraging opposition to reform measures that might have made our safety net fairer, more efficient, and better at minimizing the economic anxieties that drive populist political sentiments fundamentally at odds with an open society of free markets, free trade, liberal migration, and peace.

If you’ve ever wondered why the right-leaning “freedom movement” hasn’t had much success in actually making Americans more prosperous or free, try this on for size:

Smaller government can’t be the sine qua non of the politics of freedom in a Wagner’s Law world.

The failure to understand or accept this amounts to a fundamental misapprehension of political reality, which has led freedom-lovers to adopt a self-defeating public message and political strategy.

This is just a conjecture. But when the world’s most vocal supporters of freedom-as-small-government show that the developed countries with the biggest governments are also among the world’s freest, and show the United States—where the freedom-as-small-government philosophy is most powerfully promoted and most widely accepted—has lost ground in economic freedom year after year for nearly two decades, it’s a conjecture worth taking very seriously.

Dicho esto. Si JL Ferreira quiere desmontar la posición de Rallo desde un punto de vista económico lo que debe hacer es mostrar por qué las propuestas de JR Rallo son perjudiciales para el buen funcionamiento de la economía. Si lo que quiere es desmontar sus ideas filosóficas, Ferreira tiene que irse a sus autores de referencia  y tratar de desmontarlos: suerte con desmontar a Michael Huemer y “The Problem of Political Authority”  (aquí la traducción del blog Katalepsis y un pequeño resumen de Philonomics, aunque ya va siendo hora de comentar alguna laguna que tiene el libro).

Para terminar, es cierto que Ferreira debería haber distinguido entre los diferentes tipos de austríacos (al menos si sabía de la existencia de estas dos ramas) pero eso no lo veo más grave que utilizar una etiqueta que puede dar pie a la confusión.

Por un liberalismo moderno

Si el liberalismo quiere tener un hueco en el espectro ideológico del mañana va a tener que dejar de emplear términos obsoletos como Escuela Austríaca y va a tener que empezar a adaptarse a los nuevos tiempos.

Además, es importante entender que en la sociedad conviven personas con diferentes visiones políticas. El objetivo de la política es ese, tratar de compatibilizar las diferentes ideas que cada uno tiene sobre el funcionamiento de la sociedad.

Tanto el Niskanen Center como el blog Bleeding Heart Libertarians están haciendo una gran labor. Recientemente el Niskanen Center publicaba un artículo titulado “Revitalizing Liberalism in the Age of Brexit and Trump“donde se hacían eco de lo siguiente:

Hayek writes:

If old truths are to retain their hold on men’s minds, they must be restated in the language and concepts of successive generations. What at one time are their most effective expressions gradually become so worn with use that they cease to carry a definite meaning. The underlying ideas may be as valid as ever, but the words, even when they refer to problems that are still with us, no longer convey the same conviction; the arguments do not move in a context familiar to us; and they rarely give us direct answers to the questions we are asking. This may be inevitable because no statement of an ideal that is likely to sway men’s minds can be complete: it must be adapted to a given climate of opinion, presuppose much that is accepted by all men of the time, and illustrate general principles in terms of issues with which they are concerned.

Hayek is saying that his big book restating some “old truths” was necessary in 1959 because making the case for liberalism is a Sisyphean task. If the old truths are not updated for each new age, they will slip from our grasp and lose our allegiance. The terms in which those truths have been couched will become hollow, potted mottoes, will fail to galvanize, inspire, and move us. The old truths will remain truths, but they’ll be dismissed and neglected as mere dogma, noise. And the liberal, open society will again face a crisis of faith.

What would a crisis of liberalism look like today?

Like this:

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Commitment to liberal ideals and institutions is slipping around the world. It’s happening in Great Britain, in Hungary, in Poland, in Turkey, in the Philippines. Illiberal nationalist leaders and parties are on the rise in traditional bastions of liberty, such as France, the Netherlands, and in these United States. That means it’s time—way past time, really—to restate the truths of liberalism for the era of Uber, Celebrity Apprentice, Twitter, Telemundo, terror panic, and type-2 diabetes. We’ve got to fix the pipes and patch the potholes, update from copper to fiber. We’ve got to roll the damn rock back up the damn hill.

Y sigue:

This won’t be an exercise in narrowly sectarian ideology or political dogma. It can’t be. The fact that liberalism has become rote is central to our problem. Academic left-liberalism is doggedly utopian—and stale. Democratic Party liberalism is incoherent—and stale. Orthodox libertarianism is dogmatically blinkered—and stale. The “classical liberalism” of conservative-libertarian fusionism is phony—and stale. Each of our legacy liberalisms is, in its own way, corrupt. It’s all part of our pitted, pocked, cracked and creaking liberal cultural infrastructure. It doesn’t help to replace rotten wood with rotten wood, rusty pipe with rusty pipe. Hayek himself told us we can’t fix it with Hayek.  

An effective defense of the open society must begin with an empirically-minded account of its complex inner workings and its surpassing value. Liberal political order is humanity’s greatest achievement. That may sound like hype, but it’s the cold, hard truth. The liberal state, and the global traffic of goods, people, and ideas that it has enabled has led to the greatest era of peace in history, to new horizons of practical knowledge, health, wealth, longevity, and equality, and massive decline in desperate poverty and needless suffering. It’s clearer than ever that the multicultural, liberal-democratic, capitalist welfare state is far-and-away the best humanity has ever done. But people don’t know this! We are dangerously oblivious to the nature of our freedom and good fortune, and seem poised to snatch defeat from the jaws of victory. Happily, a great deal is understood about how the liberal political order works, and why it merits our allegiance. The task, then, is to fuse our accumulated wisdom with the best contemporary research in a campaign to restate and defend the old truths of liberalism in inspiring terms for an imperiled new era.

It may sound like hype to say that the stakes couldn’t be higher. But that, too, is the cold, hard truth.

El blog BHL también puso su granito de arena aquí.

 

Los problemas de la teoría del valor-trabajo, la plusvalía y la explotación.

Lo primero de todo es enlazar una entrada en la Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) titulada “Exploitation“. También un vídeo de Matt Zwolinski titulado “Exploitation and the psicólogos of moral judgment“. Como veo que tanto el vídeo como el documento son largos dejaré un pequeño artículo aquí. Pero lo anterior es mucho más importante.


THE LABOR VALUE THEORY

Ante la preocupación que me suscita que en pleno SXXI aún haya tanta gente que crea en la teoría del valor-trabajo o la plusvalía, he decidido subir una entrada con el fin de aclarar algunos mitos sobre el tema.

Creo que es muy importante desmentir esta teoría. El motivo es que uno no puede defender que la economía es una ciencia, tal y como hoy la entendemos, si cree en la LVT (por sus siglas en inglés).

Lo cierto es que es muy fácil desmontar esta teoría. Pero primero veamos que significa:

La teoría del valor-trabajo (LVT): es una teoría que considera que el valor de un bien o servicio se puede medir en la cantidad de trabajo que lleva incorporado.

Marx tomó prestada esta teoría de los economistas clásicos: Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776), David Ricardo en sus Principios de economía política (1817) y John Stuart Mill en sus propios Principios de economía política (1848). El capital de Marx tan solo fue los últimos coletazos de esta teoría.

La LVT fue dominante en los textos de economía de la época hasta la llegada de la revolución marginalista de la mano de – Carl Menger, William Stanley Jevons y León Walras – los economistas neoclásicos.

Marx utilizó la LVT para explicar el proceso mediante el cual los capitalistas se apropian de las rentas de los trabajadores. Si el valor de un bien X viene determinado por el número de horas de trabajo Y necesarias para su producción, tiene sentido pensar que el trabajador (que ha invertido un número de horas Y para producir X) es el legítimo propietario de las rentas de su trabajo. De ahí se deriva la idea de la plusvalía. A saber, que no es justo que el capitalista se apropie de las rentas de sus trabajadores.

En realidad, La LVT está plagada de problemas.

  • Mala concepción del surgimiento del valor de los bienes y de los precios de mercado.

Lawrence White expone este problema de la siguiente forma:

El fallo más importante de la LVT es el supuesto de que el precio de un bien refleja algún rasgo intrínseco suyo, algo que adquiere durante el proceso de producción, más que algo que está en la mente del comprador. La teoría supone que el coste del input determina el precio de venta, en lugar de ser al contrario.

(…)

Un terreno fértil en estado natural no contiene ninguna cantidad de factor trabajo, y aún así posee un elevado valor. Una mala obra de arte puede haber exigido muchas horas de trabajo y al mismo tiempo poseer un valor escaso de mercado.

Hoy sabemos que son las valoraciones subjetivas del consumidor las que dotan de valor a un determinado bien. Y que es el valor de mercado del bien en cuestión el que a su vez determina el valor de los inputs empleados en el proceso de producción.

Jevons lo explica de una forma muy ilustrativa:

El valor del trabajo debe determinarse por medio del valor de lo producido, y no el valor del producto por medio del valor del trabajo.

El precio de un bien, no viene del número de horas de trabajo, viene de la cantidad que los consumidores están dispuestos a pagar por él. En este sentido, la LVT deja fuera de la ecuación cualquier variable cualitativa.

Así, la demanda y la escasez por sí solas son condición necesaria y suficiente para explicar las valoraciones subjetivas de los consumidores y la formación de precios, mientras que la LVT no constituye condición ni necesaria, ni suficiente.

El Modelo de Equilibrio General establece que los precios de mercado (bajo competencia) bienen determinados por el equilibrio entre la cantidad que cada comprador está dispuesto a pagar (willingness to pay) y la cantidad que cada vendedor está dispuesto a aceptar (willingness to accept). Pero, ¿Funciona este modelo? Vernon Smith, uno de los fundadores de la economía experimental, puso a prueba el modelo de oferta y demanda en el año 1956 con la esperanza de refutar el modelo. Sin embargo, Smith se sorprendió al comprobar que una y otra vez el modelo describía exactamente lo que pasaba. Hoy, este experimento se enseña en todas las facultades de economía. En el año 2002, Vernon Smith fue premiado con el Premio Nobel de Economía junto al psicólogo Daniel Kahneman.

Así, la microeconomía estudia casos particulares del modelo. Por ejemplo, ¿Que pasa cuando se introduce un impuesto o un subsidio? ¿Que efectos generan los monopolios? ¿Y si cambian las curvas de oferta y demanda?, etc. Para saber si la economía es una ciencia puedes hacer click (aquí), también recomiendo éste enlace.

  • Los salarios bienen determinados por oferta y la demanda de trabajo.

(Aunque ojo con utilizar un modelo tan simple)

Una vez desmontada la teoría del valor trabajo, podemos proceder a explicar los fallos intrínsecos de lo que Marx denominaba como la plusvalía (o plusvalor) y de la explotación.

Plusvalía: es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo y que se apropia gratuitamente el capitalista. Esto es, la expresión monetaria del plustrabajo.

Como ya hemos visto, el valor de un bien no viene de la cantidad de trabajo que se ha invertido en él. Aún así, muchos seguirán pensando que el propietario no aporta nada al proceso de producción y que el trabajador estaría siendo explotado hasta el punto de ser alienado.

Explotación: Utilización de una persona en beneficio propio de forma abusiva, especialmente haciéndola trabajar mucho y pagándole poco.

Alienación: Pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo.

¿Es esto así? Lo primero es aclarar que es posible que un trabajador no tenga plena autonomía, es posible que un trabajador pase por condiciones realmente duras. A nadie le gusta que estas cosas ocurran.

Sin embargo, fijémonos en como se determinan los salarios en el mercado laboral (aunque repito, importante mirar el enlace que encabeza la sección). Los salarios vienen determinados por la oferta y la demanda de trabajo, esta última a su vez depende de la productividad marginal del trabajador.

Hay que tener en cuenta la competencia entre los empresarios a la hora de contratar trabajadores. Es razonable asumir que si un empresario está obteniendo beneficios a costa de sus trabajadores, lo más probable es que otro empresario interesado en hacer negocio les pague salarios más altos hasta el punto en que estos igualen la productividad marginal del trabajador.

Así, para que los salarios aumenten es necesario que aumente la productividad de los trabajadores (capacidad de producción por unidad de trabajo), o que haya una reducción en la oferta de trabajo.

EXPLOTACIÓN EN EL TERCER MUNDO

Veamos que pasa en el Tercer Mundo. El motivo por el que los salarios de las personas que trabajan en países pobres son tan malos se podría deber a:

  • La baja productividad de los trabajadores. 
  • El gran stock de trabajadores poco cualificados.

Para solucionar esto podríamos tratar de invertir en capital humano para tratar de reducir el stock de trabajadores poco cualificados. Pero también podemos aumentar la inversión en capital. Las grandes empresas que invierten en estos países ponen el ahorro necesario.

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  Cada país tiene su historia. En Corea del Sud, el gobierno tuvo un papel clave en el proceso de industrialización. La estrategia de Corea del Sud consistió en llevar a cabo una política de sustitución de importaciones y subsidios a las industrias exportadoras (en gran parte se le permitió gracias a las buenas relaciones con EEUU). Sin embargo, el mercado y los contratos también jugaron un papel esencial.

 Algunos de los países que hoy consideramos ricos, como EEUU o Inglaterra, han pasado por largos períodos de industrialización. En China, el crecimiento económico ha sido espectacular y en unas décadas han visto emerger a toda una clase media, haciendo salir de la pobreza absoluta a millones de personas. Lo que se observa es que muchos países escapan de la pobreza y lo que nos interesa es que éste período pase lo más rápido posible para llegar a una mejor situación. Así, no es recomendable acabar con este proceso si no se tiene una solución alternativa.

Por ello, aunque las condiciones de vida de las personas que trabajan en estos países sean desastrosas y aunque nos duela ver según que imágenes en los medios, es importante no cortar este proceso a no ser que exista un método alternativo para mejorar sus condiciones de vida.

Muchos clamarán que las grandes empresas deberían pagarles más aunque pierdan dinero. No obstante, hay que tener en cuenta que elevar los costes de las grandes empresas puede hacer que estas paralicen sus inversiones o que se muevan a otro país donde puedan contratar trabajadores más productivos por el mismo precio, por lo que contratarán a menos. Pensemos lo siguiente ¿Donde se necesitan mas personas para fabricar una guitarra, en España o en Camboya? Además, el hecho de que las grandes empresas paguen una mayor cantidad de dinero a sus proveedores por las mismas mercancías no tiene por qué traducirse de forma automática en un aumento en el salario de los trabajadores, cabe la posibilidad de que la empresa proveedora decida contratar a más o repartir beneficios.

Incluso Paul Krugman o Jeffrey Sachs reconocen que las críticas a la industrialización vienen de personas que simplemente no entienden el proceso y que de hecho hacen falta muchas más industrias de este tipo en el mundo.

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En la línea de J. Brennan (aquí), “no es conveniente acabar con la mejor de las opciones que tiene una persona a no ser que la puedas reemplazar por una opción mejor”. En el caso de los trabajadores de países como la India, vemos que:

– Antes de la llegada de las grandes industrias las opciones a elegir eran A o B.

– Después de la llegada de las grandes industrias las opciones a elegir son A, B o C.

 Pues bien, si un trabajador escoge C sobre A y B es más que razonable pensar que C es su mejor opción. Esto no significa que su vida sea completa o que sea perfectamente autónomo, ni siquiera que su vida sea digna bajo nuestros estándares, pero sin duda C es su mejor opción (al menos a nivel agregado) y no conviene deshacerse de C si no podemos ofrecer nada mejor a cambio.

 En general, la llegada de grandes empresas a estos países es un aumento del espectro de posibilidades a los ojos del trabajador. Es cierto que el trabajador no está perfectamente informado, pero es razonable pensar que conoce bastante bien las opciones que tiene a su alcance.

 Aún así, es verdad que cuando se firma un contrato de trabajo uno no detalla todos y cada uno de los términos. Por tanto, a la hora de firmar uno puede asumir implícitamente que el  trabajador espera que el suelo donde trabaja no se venga abajo. Por tanto, las empresas deben tener en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores.

Otra forma de hacer que los salarios en los países pobres suba podría ser permitir que haya un flujo de inmigrantes. Si la oferta de trabajo cae, los salarios podrían subir, aunque esto último depende de muchas cosas. De todas formas, es un poco triste que el capital pueda traspasar las fronteras en busca de mano de obra barata y que a la vez los trabajadores no se pueden mover para negociar un mayor salario.

SALARIOS Y MERCADO LABORAL ESPAÑA

Veamos ahora el caso de España. Actualmente unos tenemos salarios tan bajos debido a que la productividad la productividad en los años del boom se estancó. La reforma que todavía tiene pendiente España pasa por reducir aún más los costes de despido y de contratación, origen de la actual dualidad del mercado laboral (insider-outsider). El contrato único, la flexiseguridad (modelo empleado por Dinamarca) o la liberalización del mercado laboral podrían ser una solución para el problema estructural de paro que tiene la economía española.

LA PLUSVALÍA

  • El papel del propietario de la empresa.

El propietario de cualquier negocio si tiene un papel importante:

a) Selecciona proyectos de inversión

b) Asume riesgos y pérdidas asociados a errores de planificación.

c) Ahorra parte de su remuneración  y la reinserte en la compañía

La remuneración del propietario de la empresa en concepto de estas funciones. Sin el role de la propiedad de los medios, los trabajadores deberían ahorrar parte de sus salarios e invertirlos en la empresa, seleccionar proyectos de inversión y jugarse se propio dinero.

Al final, el propietario de los medios de producción cede su propiedad al trabajador. Además, el trabajador tiene el incentivo de utilizar la propiedad ajena para maximizar su utilidad. En la medida de lo posible, el trabajador tratará de poner el mínimo esfuerzo en su tarea, es por ello que el propietario incurre en grandes costes (directivos) para descentralizar la toma de decisiones y las tareas de supervisión y así poder centrarse en las funciones citadas anteriormente.

Además, existen diversos tipos de remuneración y cada uno de estos incentiva de desigual forma al trabajador (Arruñada). No es lo mismo pagar un salario fijo que uno variable o mixto tampoco el salario es el mismo cuando el esfuerzo es o no es observable ni cuando hay o no hay una vinculación directa entre esfuerzo y ganancias.

  • No existe ningún motivo para pensar que las personas dejarán de aprovecharse de los demás bajo otro marco socioeconómico.

Las personas no solo se aprovechan de los demás en las sociedades capitalistas, la explotación también se puede articular a través de la política. En el mundo, hay personas que son crueles y que siempre intentarán aprovecharse de los demás.

La economía nos enseña que los recursos (medios) son limitados. Sin embargo, los fines humanos no lo son. La propiedad privada asigna medios escasos a fines diversos. Bajo la planificación central es un comité el que decide como asignar medios escasos a fines diversos. Sin embargo ¿Conoce el comité las preferencias de todos y cada uno de los ciudadanos que habitan en el territorio? Los resultados de la economía experimental nos dicen que no.