Huemer: el libertarian que aboga por el sentido común

Si tuviera que escoger cuál es el mejor libro que he leído nunca, no me cabe la menor duda de que ese libro es The Problem of Political Authority de Michael Huemer. Antes de dejaros con la traducción de otro artículo en el que Bryan Caplan comparte su parte favorita, explicaré por encima las ideas principales de la primera parte del libro, o al menos las que más me han llamado la atención. Recomiendo encarecidamente que el lector haga “click” en los enlaces adjuntos al texto con el fin de poner las ideas en contexto. Para una traducción amateur del libro véase Katalepsis.

huemer

Lo más sorprendente del libro es su capacidad de hacer llegar al lector a conclusiones que jamás hubiera imaginado. Huemer parte de premisas basadas en el sentido común, afirmaciones con las que todo el mundo está de acuerdo, y llega a conclusiones absolutamente inimaginables. Además el libro esta lleno de casos, ejemplos y anécdotas por lo que la lectura se hace de lo más entretenida. Vamos a ello:

El autor comienza el libro dándose cuenta de lo siguiente:

El caso es entender que nuestros juicios éticos difieren bruscamente entre las acciones gubernamentales y las no gubernamentales. Actos que consideraríamos injustos o moralmente inaceptables cuando son llevados a cabo por agentes no gubernamentales serían considerados perfectamente correctos con frecuencia, incluso loables, cuando son llevados a cabo por agentes gubernamentales.

El texto anterior es, a mi modo de ver, el centro en torno al que gira todo el contenido del libro. Nótese que una vez nos damos cuenta de ello, surge la necesidad de hayar una justificación. A saber, es necesario proveer una teoría sobre la autoridad política, la coerción requiere una explicación.

Pero ¿Que es la autoridad política? En palabras del mismo Huemer:

Autoridad política: la hipotética propiedad moral en virtud de la cual los gobiernos pueden coaccionar a las personas en ciertos modos que no le permitiríamos a nadie más y en virtud de la cual los ciudadanos tienen que obedecer al gobierno en situaciones en las cuales no estarían obligados de obedecer a nadie más. Así, la autoridad tiene dos aspectos:

  1. Legitimidad política: el derecho por parte del gobierno de crear ciertas leyes y de hacerlas cumplir a través de la coerción contra los miembros de la sociedad – el derecho a mandar.
  2. Obligación política: la obligación por parte de los ciudadanos de obedecer a sus gobiernos, incluso en circunstancias en las que uno no estaría obligado a obedecer mandatos similares emitidos por un agente no gubernamental.

Pues bien, Huemer se da un paseo por todas las teorías que históricamente han tratado de conferir autoridad política al estado – la teoría del contrato social tradicional, la teoría del contrato social hipotético (John Rawls incluído), la democracia, el consecuencialismo y la justícia – y llega a la controvertida conclusión de que el estado qua estado carece de autoridad política. Es decir, que las personas no tenemos ninguna obligación moral de obedecer la ley simplemente “porque la ley lo dice”. En otras palabras, lo que dota de bondad o maldad a un determinado acto es independiente de la ley y reside en las obligaciones morales que cada individuo tiene para con sus conciudadanos. Matar, robar o secuestrar no es injusto porque lo diga la ley, sino porque los ciudadanos tenemos la obligación moral de no llevar a cabo dichos actos.

Cabe destacar que si el estado no goza de ninguna propiedad moral en especial por la cual puede comportarse de forma diferente a los demás agentes de la sociedad, este deberá someterse a los mismos principios morales que el resto de la sociedad. Lo que esto quiere decir, básicamente, es que el estado solo podrá ejercer la coacción en aquellas situaciones en las que sea igualmente permisible que los agentes no gubernamentales la ejerzan. Un claro ejemplo de ello es el hurto famélico, si una persona se está muriendo de hambre es moralmente permisible que esta robe para sobrevivir. Así, el estado también puede ejercer la violencia para proveer medios a personas que se hayen en una situación realmente comprometida.

Principio general: es permisible coaccionar a una persona o violar sus derechos de propiedad siempre que hacerlo sea necesario para prevenir que algo mucho peor ocurra.

Y remarco el mucho peor (el siguiente comentario es ajeno al contenido del libro) porque el hecho de que el índice de Gini de la desigualdad sea más elevado no constituye causa suficiente para ello. Estamos hablando de situaciones extremas en las que el sujeto que necesita ayuda no puede progresar por sus propios medios. Los fondos obtenidos mediante la coerción deben dirigirse a aquellas personas que se encuentren en una situación realmente delicada, pero en ningún caso pueden servir a fines holísticos y mucho menos a redistribuciones horizontales de los mismos o a cualquier otra forma de ingeniería social, como sucede en la actualidad. Además, los fondos extraídos mediante coerción deberán ser los mínimos posibles y cabe contemplar la posibilidad de poner condiciones a la entrega de dichos fondos con el fin de evitar conductas oportunísticas.

Los poderes legítimos del estado han de ser altamente específicos y deben depender del contenido de los mismos: el estado puede coartar a individuos concretos solo de la mínima forma necesaria para implementar un plan correcto (o al menos bien justificado) para proteger a la sociedad de los desastres que, se presume, resultarían de la anarquía. El estado no forzará a la gente a cooperar mediante medidas dañinas o inútiles o medidas que no tengamos ninguna razon para poder considerar que seran efectivas. Tampoco extenderá, el estado, el ejercicio de la coacción para lograr cualquier fin que parezca deseable. El estado tomará la mínima cantidad de dinero necesaria, de sus ciudadanos, para proveer los “bienes indispensables” que justifican su existencia.

En definitiva, Huemer reconoce que pueden existir situaciones donde el estado pueda ejercer la violencia contra individuos concretos, pero es necesario que se demuestre que dicha intervención es realmente indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad y que el plan que se piensa llevar a cabo tiene posibilidades razonables de acabar en éxito, nadie tiene derecho a aplicar malas políticas.

Los argumentos consecuencialistas y basados en la justícia se acercan a justificar la autoridad política. No obstante, no pueden dar lugar a una autoridad que sea independiente del contenido, comprensiva (que incluye varios temas dentro de sí) o suprema por parte del estado. El estado tiene el derecho, como mucho, de imponer coercitivamente políticas correctas y justas para prevenir daños muy serios. Nadie tiene el derecho de hacer cumplir políticas inútiles o contraproductivas tampoco de imponer políticas que busquen objetivos de menor importancia. El estado puede tener derecho a cobrar impuestos, a administrar un sistema judicial y policial para proteger a la sociedad de los violadores de derechos individuales, y de proveer defensa militar. Al hacerlo, el estado y sus agentes deberían utilizar los mínimos fondos posibles y emplear la mínima coerción necesaria. El estado no debería avanzar para imponer coercitivamente leyes paternalistas o moralizadoras, políticas motivadas por la búsqueda de rentas, o políticas que busquen promover bienes innecesarios, como el apoyo a las artes o programas espaciales.

Para acabar, os dejo con la traducción del artículo de Caplan.


Mi sección favorita del libro The Problem of Political Authority de Michael Huemer empieza distanciándose de otros filósofos liberales.

Las ideas de éste capítulo sorprenderán a muchos liberales. ¿Estamos obligados a aceptar tales conclusiones? Con seguridad, para llegar a conclusiones tan radicales, tengo que haber asumido algunos supuestos extremos y altamente controvertidos a lo largo del camino, supuestos que la mayoría de lectores deberían sentirse libres de rechazar.

Soy el primero en decir que los autores liberales han invocado con asiduidad supuestos filosóficos controvertidos para derivar sus propias conclusiones políticas. Ayn Rand, por ejemplo, pensaba que el capitalismo solo podía ser defendido con éxito apelando al egoísmo ético, la teoría por la que la acción correcta para cualquiera en cualquier circunstancia es siempre aquella que persiga el interés propio. Robert Nozick es típicamente leído por basar sus principios liberales en una concepción absolutista de los derechos individuales, según la cual los derechos individuales de propiedad y de libertad frente a la coerción nunca pueden ser sobrepasados por ningún tipo de consecuencia social. Jan Narveson confía en una teoría meta ética por la cual los principios morales correctos están determinados por un contrato social hipotético. Debido a la naturaleza controvertida de estas teorías éticas o meta éticas, la mayoría de lectores encuentran que los argumentos liberales son fáciles de rebatir.

Es importante observar, pues, que no he apelado a nada tan controvertido en mi razonamiento.  De hecho, rechazo los tres principios fundacionales del liberalismo mencionados en el párrafo anterior. Rechazo el egoísmo, porque creo que los individuos tienen una obligación sustancial de tener en cuenta el interés ajeno. Rechazo el absolutismo ético, porque creo que los derechos de un individuo pueden ser anulados por necesidades ajenas suficientemente importantes. Y rechazo todas las formas de la teoría del contrato social, porque creo que el contrato social es un mito con poca relevancia moral para nosotros…

Entonces, Huemer resume de forma sucinta la nobleza de su enfoque:

La fundación de mi liberalismo es mucho más modesta: aplicar el sentido común a la moralidad. A primera vista, puede parecer paradójico que conclusiones políticas tan radicales deriven de nada parecido al “sentido común”. Yo no, por supuesto, reclamo visiones políticas que tengan sentido común. Yo clamo que las opiniones políticas revisionistas emergen de visiones morales que tienen sentido común. A mi modo de ver, la filosofía política liberal descansa sobre tres amplias ideas:

  1. Primero, el principio de no agresión en la ética interpersonal. Más o menos, esta es la idea de que los individuos no deberían atacar, matar, robar de, o defraudar el uno al otro, y en general, que los individuos no se deberían coartar entre ellos, dejando de lado una serie de circunstancias especiales relativamente estrechas.

  2. Segundo, el reconocimiento de la naturaleza coercitiva del gobierno. Cuando el Estado promulga una ley, la ley es generalmente respaldada por la amenaza de castigo, que a la vez encuentra soporte en amenazas creíbles de violencia física dirigidas contra aquellos que desobedeciesen al Estado.

  3. Tercero, el escepticismo sobre la autoridad política tal y como ha sido concebida tradicionalmente. El resultado de este escepticismo es, aproximadamente, que el estado no debería hacer lo que sería incorrecto que haga cualquier otra persona u organización no gubernamental.

¿Por qué deberíamos aceptar estas amplias ideas?

El supuesto ético positivo principal del liberalismo, el principio de no agresión, es el más difícil de articular de forma precisa. En realidad, es una colección compleja de principios, incluyendo prohibiciones de robo, asalto, asesinato y demás. No puedo articular correctamente este principio o conjunto de principios. Afortunadamente, no es el locus de desacuerdo entre liberales y partidarios de otras ideologías políticas, para el “principio de no agresión”, tal y como yo uso el término, es simplemente la colección de prohibiciones respecto al maltrato a otros individuos que son aceptadas cuando aplicamos el sentido común a la moralidad. Casi nadie, independientemente de la ideología política, piensa que robar, asaltar, matar y demás es moralmente aceptable. No es necesario tener una lista completa de prohibiciones porque los argumentos utilizados para llegar a conclusiones liberales no han dependido del reclamo de tal lista. También es importante entender que no estoy asumiendo ningún supuesto particularmente fuerte acerca de estas prohibiciones éticas. Por ejemplo, no estoy asumiendo que robar nunca es permisible. Simplemente asumo que no es permisible robar bajo circunstancias normales, tal y como dicta la aplicación del sentido común a la moralidad.

El segundo principio, el de la naturaleza coercitiva del gobierno, es igualmente difícil de discutir. La naturaleza coercitiva del gobierno es comúnmente olvidada o ignorada en el discurso político, en el que la justificación de la coerción es raramente discutida. Pero virtualmente nadie niega actualmente que el estado se basa en la coerción.

Es, entonces, la noción de autoridad que forma el verdadero locus de disputa entre liberales y demás filosofías políticas: los liberales son escépticos sobre la autoridad, mientras la mayoría de la gente acepta la autoridad del estado en más o menos los términos en los que el estado establece. Esto es lo que permite que la mayoría endose un comportamiento del gobierno que de otra forma parecería estar violando los derechos individuales: los no liberales asumen que la mayoría de constricciones morales que aplican a otros agentes no aplican al estado.

Por tanto, el título final del libro:

Así, me he centrado en defender el escepticismo sobre la autoridad, dirigiéndome a las teorías de autoridad más importantes e interesantes. En la defensa del escepticismo, de nuevo, no me he apoyado en ningún supuesto ético particularmente controvertido. He considerado los factores que dicen conferir autoridad al estado, y he encontrado en cada caso, que esos factores no están presentes actualmente (como en el caso de las consideraciones basadas en el consentimiento a la autoridad), o que esos factores simplemente no son condición suficiente para conferir el tipo de autoridad que clama el estado. El último punto es establecido por el hecho de que, generalmente, a un agente no gubernamental, la aplicación de estos factores no le atribuiría nada parecido a la autoridad política. He sugerido que la mejor explicación para extendida inclinación de atribuir autoridad al estado yace en una colección de sesgos no racionales que operarían tanto si hubiese como si no hubiese ninguna autoridad legítima. La mayoría de la gente simplemente nunca se para a cuestionar la noción de autoridad política, pero una vez que la empezamos a examinar cuidadosamente, la idea de un grupo de personas con un derecho especial a dirigir la vida de los demás se disuelve de manera justa.

Estas tres ideas – el principio de no agresión, la naturaleza coercitiva del estado, y el escepticismo acerca de la autoridad – juntos demandan una filosofía política liberal. La mayoría de acciones gubernamentales violan el principio de no agresión – esto es, son acciones que serían condenadas por la aplicación del sentido común a la moralidad si las ejecutase un agente no gubernamental. En particular, el gobierno generalmente utiliza la coerción en circunstancias y por razones que de ninguna manera serían consideradas adecuadas para justificar la coerción por parte de un agente privado o de una organización. Por consiguiente, a no ser que acordemos que el estado tiene algún tipo de exención especial sobre las constricciones morales ordinarias, debemos condenar la mayoría de acciones gubernamentales. Las acciones que permanecen son solo aquellas que los liberales aceptan.

¿Disientes con la conclusión? Huemer te pide que nombres la premisa específica que rechazas:

¿Cómo puede uno evitar la conclusión liberal? Solo rechazando una de las premisas principales que he identificado. A mi modo de ver es extremadamente poco prometedor cuestionar la naturaleza coercitiva del gobierno, y dudo que ningún teórico quiera tomar este rumbo.

 Algunos teóricos cuestionaran la aplicación del sentido común a la moralidad. No he acometido una defensa general de ello en este libro, y no debería hacerlo ahora. Cada libro debe empezar en algún lugar, y comenzar con tales supuestos como aquellos que aplican bajo condiciones normales, uno no debe robar, matar, o atacar a otras personas, me parece razonablemente suficiente. Pero esto es sobre los menos controvertidos, menos dudosos puntos de partida que he visto para un libro de filosofía política, y pienso que pocos lectores se sentirán felices si los rechazan.

La forma menos implausible de resistirse al liberalismo sigue siendo aquella de resistirse al escepticismo liberal respecto a la autoridad. Me he dirigido a lo que me llama la atención como las más interesantes, influyentes, o prometedoras consideraciones de autoridad política – la teoría del contrato social tradicional, la teoría del contrato social hipotético, la apelación al proceso democrático, y apelaciones a la justicia y a las buenas consecuencias. Pero no puedo dirigirme a cada posible consideración de autoridad, y sospecho que un buen número de pensadores reaccionarán a mí trabajo proponiendo justificaciones alternativas de la autoridad.

Esto nos lleva a su respuesta con derecho preferente a las críticas que aún no han sido tratadas:

También sospecho, de todas formas, que la estrategia general que he invocado será capaz de ser extendida a consideraciones alternativas. Una teoría de la autoridad citará algunas características del estado (tomando “características” de forma amplia) como fuente de su autoridad. Mi estrategia empieza imaginando a algún agente privado que posee dicha característica… Por ejemplo, la propiedad de ser algo que sería acordado por toda persona razonable, la propiedad de ser actualmente aceptado por la mayoría de la sociedad, y la propiedad de producir consecuencias muy positivas, son todas propiedades que una organización no gubernamental, o las políticas de tal organización, podrían poseer. Como digo, pues, imaginamos a un agente no gubernamental con la característica relevante. Entonces nos damos cuenta de que, de forma intuitiva, no atribuiríamos a tal agente nada parecido a la autoridad política. En particular, no le atribuiríamos un comprehensivo, independiente del contenido, supremo derecho de obligar a obedecer a otras personas. Y así llegamos a la conclusión de que la característica propuesta fracasa como justificación de la autoridad política.

(Notas finales omitidas. Cito desde el borrador, de modo que hay pequeñas diferencias respecto al manuscrito final).

Sospecho que muchos lectores del libro de Huemer fruncirán las cejas y dirán, “¿Esto es? ¿Esto es todo lo que tienes?” Pero este defecto percibido es una de las mayores virtudes del libro. Al contrario de casi todos los demás filósofos, Huemer no pierde tu tiempo. El no trata de convencerte de siete afirmaciones axtrañas, y entonces intentar convencerte de que esas siete afirmaciones extrañas implican su conclusión. (Véase Rawls “A theory of Justice” para un clamoroso ejemplo). Huemer no intenta hacer que el lector se sienta intelectualmente inferior haciéndole aprender toda una serie de jerga odiosa. En su lugar, le dice claramente a los lectores lo que piensa, y por qué lo piensa, y sus conclusiones se siguen directamente de sus premisas. Los lectores de filosofía deberían valorarlo por nada menos – o más – de lo que es.

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